UGT valora la sentencia del TUE y exige al Gobierno que frene de forma inmediata los desahucios

La legislación española sobre desahucios vulnera la directiva europea de protección de los ciudadanos

UGT valora la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios, que no permite paralizar un desahucio aún alegando causas abusivas en las hipotecas y dejando que esta cuestión se solucione en otro juicio tras lanzar al deudor de su vivienda habitual, vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

El sindicato considera que esta sentencia rompe con una legislación conservadora que protege a los mercados y entidades financieras, responsables directas de esta crisis, mientras carga todo el sufrimiento y el peso de la recesión sobre la espalda de los ciudadanos, y recuerda que este dictamen faculta a los jueces a la adopción de medidas cautelares, tales como la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria o la declaración de oficio sobre la nulidad de estas cláusulas abusivas.

Además, UGT manifiesta que la ley vigente en esta materia es contraria a la directiva europea de protección de los ciudadanos trabajadores, de 1 de enero de 1995, por lo que los desahucios podrían tildarse de ilegales, según las normas de la Unión Europea.

Por ello, el sindicato demanda la dación en pago con carácter retroactivo, desde 1995, y exige al Gobierno que articule de forma inmediata un real decreto-ley que frene de manera inminente las ejecuciones hipotecarias y los desahucios, el cambio de la ley de enjuiciamiento civil y el cambio de la ley hipotecaria y el alquiler social.

Para UGT, resulta lamentable que el Gobierno modifique continuamente las leyes a golpe de sentencias de los tribunales y no lo haga en función del interés general de la población, demostrando ser muy cicatero con la ciudadanía de nuestro país y muy generoso con las entidades financieras.

Un interés general que ya se ha hecho palpable con las casi 1,5 millones de firmas recogidas por las entidades promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la dación en pago, la paralización de los desahucios y la promoción del alquiler social, entre las que se encuentra UGT, que se tramitó en el Congreso el pasado mes de febrero y de cuyo debate se espera la adaptación de la legislación a las necesidades actuales.