Los trabajadores y trabajadoras de los sectores de ayuda a domicilio, residencias y centros de día privados y concertados de la Comunidad se han concentrado este miércoles convocados por UGT y CC.OO. ante la Consejería de Empleo para impulsar y exigir al Gobierno regional la puesta en marcha "de forma inminente" de los procesos para la obtención de los certificados de profesionalidad.
Madrid es la única región de España que no ha comenzado a entregar certificados de profesionalidad a sus trabajadores en este sector, y eso que el 1 de enero de 2015 todos deberán tener su papel acreditativo dándose así la paradoja de que trabajadores de otras comunidades cercanas pudieran desplazarse y ocupar los puestos de trabajo vacantes.
El futuro de casi 20.000 trabajadores y trabajadoras está en entredicho porque la Consejería no ha puesto en marcha todavía el proceso de evaluación y porque no se sabe si se van a atender todas las peticiones, o va a ser una convocatoria restringida que podría poner a muchos trabajadores en la calle a partir de enero de 2015
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jueves, 29 de mayo de 2014
EL FUTURO DE CASI 20.000 TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN EL AIRE
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DEPENDENCIA
martes, 27 de mayo de 2014
DISCRIMINACIÓN POR ESTAR EMBARAZADA
UN TIRÓN DE OREJAS A LA ADMINISTRACIÓN POR DISCRIMINAR A UNA FUNCIONARIA EMBARAZADA
El Tribunal Constitucional(TC) ha concedido el amparo a una funcionaria de la Comunidad de Madrid que tuvo que posponer un curso obligatorio para tomar posesión de su plaza, obtenida mediante oposición, por estar de parto.
Cuando se incorporó al puesto, en el cuerpo de gestión procesal y administrativa al servicio de la Administración de Justicia, la empleada solicitó que se le reconociera con carácter retroactivo la misma antigüedad que a sus compañeros de promoción, pero su solicitud le fue denegada por la Comunidad de Madrid.
Esta decisión fue confirmada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El Tribunal Constitucional ha determinado ahora que se vulneró el derecho de la funcionaria a no sufrir discriminación por razón de sexo "al no haber tenido en cuenta que la condición biológica y la salud de la mujer trabajadora ha de ser compatible con la conservación de los derechos profesionales, sin que la maternidad pueda producir ninguna desventaja".
Según la sentencia, el perjuicio causado por la maternidad "terminó materializando en el no reconocimiento de los derechos económicos y administrativos de la demandante de amparo con carácter retroactivo para equiparlos a aquellos obtenidos por sus compañeros de promoción, lo que constituyó una "discriminación por razón de sexo".
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DISCRIMINACIÓN
Conciliación Sanidad
Nuevo avance en conciliación de la vida laboral y familiar de profesionales de la Sanidad.
En la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad el día 20 de mayo, UGT se ha pronunciado a favor de los Turnos Deslizantes en el ámbito de la Atención Primaria conforme a la resolución conjunta del D.G.RR.HH. y el D.G. de Atención Primaria.
Ante la posibilidad de establecer turnos de Trabajo Deslizantes que permitirán, por una mayor flexibilidad en los horarios laborales, una mejora en las condiciones de trabajo de los trabajadores de la sanidad en el ámbito de Atención Primaria, UGT ha mostrado su conformidad en aras a la defensa de los derechos de los trabajadores. Estos nuevos turnos permiten la alternancia de diferentes horarios en la semana para facilitar la conciliación de los trabajadores para con sus deberes o vida familiar.
Es de carácter voluntario y para todas las categorías profesionales, no obligatorio, por lo que afectará única y exclusivamente a los trabajadores que así lo soliciten, siempre y cuando sea factible su implantación por las características específicas del centro y quede asegurada la cobertura de la asistencia sanitaria en parámetros de calidad actuales.
UGT acoge esta nueva fórmula laboral, reversible y evaluable en el tiempo, como un avance significativo en la modernización y actualización de las condiciones laborales de los empleados públicos.
UGT celebra ser partícipe de una nueva victoria en derechos laborales, que gracias a la insistente reivindicación de los profesionales ha sido materializada a través de la negociación sindical por nuestra organización.
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SANIDAD PUBLICA
viernes, 16 de mayo de 2014
La Ayuda a Domicilio y los Certificados de Profesionalidad
FSP UGT Madrid solicita la convocatoria urgente de los procesos que permitan a las trabajadoras y trabajadores de Residencias Privadas y Ayuda a Domicilio la obtención de sus Certificados de Profesionalidad.
El Secretario General de nuestra Federación, Santiago Tamame y la Secretaria de Dependencia, Intervención Social, Mujer e Igualdad, Margarita Domínguez, conscientes del grave problema que se plantea al personal de estos ámbitos a partir del día 1 de enero de 2015, momento en que todos deberán estar en posesión de su correspondiente certificado de profesionalidad para poder ejercitar sus funciones en su puesto de trabajo y de la dejadez e ineficacia en este aspecto de la Comunidad de Madrid, han solicitado a la Consejera de Empleo y al Consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid la agilización y puesta en marcha con urgencia de los procesos que permitan que las trabajadoras y trabajadores afectados estén en posesión de sus correspondientes certificados de profesionalidad antes de finalizar este año.
En concreto, han solicitado:
- La publicación y puesta en marcha del procedimiento que permita el desarrollo de los módulos formativos mediante la modalidad de teleformación, a los efectos de abaratar el coste de los mismos, ya que los módulos presenciales tienen un precio desorbitado para el salario de las trabajadoras y trabajadores, y de esta forma podría abaratarse el precio de los mismos.
- La Convocatoria urgente de procedimientos para la obtención del certificado de profesionalidad a través de la sustitución de la titulación por la experiencia laboral, indicándole a la Comunidad de Madrid que a día de hoy aún no ha convocado ni un solo proceso de este tipo.
Por ello se ha solicitado la convocatoria de todos los procesos que sean necesarios, con el número de plazas suficientes para poder dar salida a las más de 20.000 trabajadoras y trabajadores afectados, y en consecuencia, la contratación de un número suficiente de evaluadores que permitan desarrollar estos procesos a la mayor brevedad posible. De igual forma se ha solicitado la creación de una Mesa Técnica, con participación de la Comunidad de Madrid, Patronales y Organizaciones Sindicales para dirigir el proceso de una manera satisfactoria para el personal implicado.
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AYUDA A DOMICILIO
Tenemos que recuperar progresivamente las condiciones de trabajo previas a las medidas adoptadas con la excusa de la crisis.
FSP-UGT remite una carta al Ministerio de Administraciones Públicas donde exige la convocatoria de la Mesa General de Negociación
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha remitido una carta al secretario de Estado de Función Pública, Antonio Beteta, para exigir la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. UGT reclama al Ministerio una negociación real para afrontar la recuperación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos previas a la crisis.
El sector de la Administración General del Estado (AGE) ha reclamado también la convocatoria de la Mesa General de Negociación de la AGE para negociar la carrera profesional de los empleados públicos del sector..
El Gobierno –en distintas intervenciones- ha reconocido el esfuerzo individual y colectivo realizado por los empleados públicos del país con el objetivo fundamental de contribuir a paliar la situación económica existente, aportando su solidaridad e implicación en un momento de máxima dificultad social, sin merma en la profesionalidad del servicio al ciudadano.
La aplicación de los recortes salariales (y el deterioro de las condiciones de trabajo en general) fueron la respuesta, errónea, a un periodo coyuntural como fue el momento más álgido de la crisis. En los últimos cuatro años el poder adquisitivo de los empleados públicos ha retrocedido a cifras de hace una década, sumando una pérdida de poder adquisitivo cercana al 21%.
UGT pide al Gobierno que sea coherente con su exhibición de cifras macroeconómicas que hablan de recuperación y no prolongue los esfuerzos de los empleados públicos, recuperando progresivamente las condiciones de trabajo previas a las medidas adoptadas con la excusa de la crisis.
En opinión de FSP-UGT, la devaluación salarial ha sido y será, si no se corrige la política de recorte salarial, un claro freno al proceso de recuperación económica y de creación de empleo, haciendo inútil el extraordinario sacrificio experimentado por los empleados públicos (y la sociedad en general) durante la crisis, en sus condiciones de bienestar y en la atención a sus necesidades básicas. En base a estos argumentos, FSP-UGT solicita la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para tratar estas cuestiones.
LOS "CANOSOS", UN DERECHO ADQUIRIDO
La Federación de Servicios Públicos de Madrid reclama judicialmente “los canosos” de los empleados públicos madrileños
La FSP-UGT de Madrid ha decidido reclamar los días
adicionales por antigüedad (canosos), establecidos por cada Administración
Pública, al cumplir el sexto trienio.
Desde esta Organización Sindical, entendemos que el RD Ley 20/2012 por el
cual se eliminó este derecho, no puede aplicarse con carácter retroactivo,
eliminando los derechos que los empleados públicos han generado a lo largo de su
vida laboral.
Por lo tanto, una cuestión es la eliminación de incrementar estos días
adicionales a partir de la entrada en vigor del RD Ley 20/2012 al cumplir un
nuevo trienio, y otro asunto son los días ya generados con anterioridad al Real
Decreto Ley.
Al igual que ya se está reconociendo, al menos judicialmente, el derecho al
cobro de la parte devengada de la paga extra del 2012, una situación idéntica
serian estos días adicionales por antigüedad, no pudiéndose aplicar la
retroactividad en este tema, tal y como se reconoce en las diferentes sentencias
sobre paga extra y en base al artículo 9.3 de la Constitución Española.
Art. 9.3 CE:
“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía
normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”
miércoles, 7 de mayo de 2014
MANIFESTACIÓN 1 DE MAYO
Miles de personas se manifiestan en Madrid el 1 de mayo contra la política económica del Ejecutivo.
Miles de personas han participado en la manifestación del 1 de mayo en Madrid convocada por los sindicatos UGT y CCOO, que este año ha llevado por lema “Sin empleo de calidad no hay recuperación. Más cohesión social para más democracia” y en la que los principales reclamos de los participantes han sido el cambio de la actual política económica y el rechazo a la pérdida de derechos laborales.
Los manifestantes han partido de la plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol encabezados por los Secretarios Generales de CCOO y UGT en Madrid, Jaime Cedrún y José Ricardo Martínez, respectivamente, y por el secretario confederal de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer.
Entre las principales reivindicaciones se ha reclamado un empleo con dignidad y se ha mostrado un rechazo a la pérdida de derechos laborales, a la actual política económica, al sistema bancario, a la clase dirigente y a la Unión Europea, a quienes se acusa de ser los causantes de la actual situación.
En su intervención al término de la manifestación, el dirigente de UGT José Ricardo Martínez ha pedido la eliminación de la reforma laboral y cambios en materia de pensiones, de la ley del aborto y de la reforma de la administración local.
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1 de mayo
martes, 6 de mayo de 2014
Las Administraciones Públicas no podrán contratar a parados para cubrir las tareas habituales.
El Supremo rectifica su doctrina sobre el requisito de la temporalidad y confirma la improcedencia del despido por fraude de ley en el contrato de colaboración social.
La Sentencia del TS de 27 de diciembre de 2013 (EDJ 2013/293703) desestima el recurso de casación interpuesto por la Consejería de Empleo e Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de esta CCAA a instancia de una trabajadora que desarrollaba funciones de auxiliar administrativo en dicha Administración a través de un contrato de colaboración social.
Según el Alto Tribunal, la temporalidad exigida en el art.15 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, EDL1995/13475) debe predicarse del trabajo objeto del contrato, y no en función de la duración máxima del vínculo, que se relaciona con la de la prestación por desempleo. Esto es, que la temporalidad va referida a la actividad que se va a desempeñar y, en este sentido, es evidente que los trabajos normales y habituales de la Administración no tienen carácter temporal y, por lo tanto, no pueden cubrirse bajo un contrato de colaboración social.
Pese a que esta fórmula contractual está vigente desde 1982 como medida de fomento del empleo, en virtud del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio(EDL 1982/9408), lo cierto es que su recurso por las Administraciones públicas se ha incrementado considerablemente desde el inicio de la crisis al haber confluido dos factores: alto índice de desempleo y recorte de empleo público.
La doctrina del Tribunal Supremo, hasta la Sentencia del 27 de diciembre de 2013, había establecido que este tipo de contratos no generaban una relación laboral y, por lo tanto, una vez finalizados, se producía el cese del trabajador (véase la Sentencia del TS del 23 de julio de 2013, EDJ 2013/173586).
Este cambio de criterio jurisprudencial determina que la decisión de no prorrogar los servicios prestados por el trabajador, sin que se haya justificado ningún hecho determinante de temporalidad, comporte un despido improcedente, además de limitar el uso de desempleados en la Administración para trabajos eventuales
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