FSP-UGT presenta su decálogo sindical ante el
anteproyecto del ley de racionalización de la Administración Local
Mª Carmen Barrera,
secretaria de Acción sindical, y Joana Mor Biosca, secretaria de Local,
autonómica y servicios a la comunidad, han presentado un decálogo sindical con el objetivo de promover acuerdos de concertación desde el diálogo social y la
negociación colectiva que sirvan de muro de contención a la reforma de la
Administración Local planteada por el Gobierno. Las propuestas de FSP-UGT pretenden minimizar
los estragos que esta reforma va a ocasionar tanto al personal al servicio de
las administraciones locales como a la propia ciudadanía.
"La medida del
Gobierno busca sólo el ahorro económico sin tener en cuenta los servicios
prestados", ha afirmado barrera en rueda de prensa. "Con esta reforma se perjudica no sólo a los trabajadores
sino a las Comunidades Autónomas, ya que la ley propone una reordenación de las
instituciones de las autonomías. Nuestro objetivo es orientar pactos y acuerdos
desde la Negociación colectiva".
Por su parte, Joana
Mor Biosca ha estimado que esta reforma supondría la pérdida de 300.000 puestos
de trabajo. "Llevamos aproximadamente un año estudiando los borradores de
la reforma. Nos pidieron alegaciones y nosotros hemos exigido que esta reordenación
o racionalización de la Administración local no se lleve a
cabo a costa del personal. El documento es simplemente economicista. Quieren vaciar de contenido muchos de los servicios que prestan
los ayuntamientos, como la asistencia domiciliaria, abocando así a la
ciudadanía al repago de estos servicios".
El decálogo sindical
quiere paliar la falta de garantías y derechos del personal al servicio de las
Administraciones:
1º.- FSP-UGT se opone
rotundamente a un uso normalizado del despido como medida de reorganización de
plantilla en la Administración Pública Local.
2º.-El modelo que
FSP-UGT defiende para hacer frente a eventuales necesidades de reestructuración
de personal sigue el modelo de gestión socialmente responsable fomentado por la
Unión Europea frente al ineficaz e injusto modelo basado en la generación de
excedentes de personal al que el Proyecto de Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local contribuiría de manera considerable
si se aprueban las previsiones actuales.
3º.- FSP-UGT se opone
a la exclusión del ámbito Local, de las competencias de Educación, Sanidad y
sobre todo Servicios Sociales pues esto supone un recorte mas sobre la ya
maltrecha Ley de la Dependencia.
4º.- El anteproyecto
de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local es un
ataque directo a la autonomía de las CCAA y a su organización territorial. Las
medidas del anteproyecto de ley suponen una intervención y reducción de los
derechos de los ciudadanos que se traduce en el vaciado democrático de las
entidades locales. FSP-UGT promoverá acciones con el objeto de aunar voluntades
de todas las partes afectadas por el anteproyecto de ley.
5º.-El anteproyecto de
ley plantea la posibilidad de que las Diputaciones provinciales puedan privatizar
servicios cuya competencia reciban tras los procedimientos de traspasos de
competencias previstos con motivo de evaluaciones negativas de servicios,
intervención de entidades locales o disolución. Con el objetivo de de preservar
la calidad del servicio público que se presta al ciudadano, FSP-UGT promoverá
acciones para el mantenimiento de la gestión pública directa de los servicios
públicos.
6º.-Los empleados
públicos no sólo son los encargados de prestar servicios a la ciudadanía, sino
que son también garantes de la calidad y profesionalidad con que estos se
desempeñan, debido a las exigencias en cuanto a selección y provisión de
puestos de trabajo que rigen el empleo público. La profesionalidad y
especialización queda de esta manera asegurada en la prestación de los
servicios públicos, garantizando además elevados estándares de calidad que han
de ser y continuar siendo patrimonio ciudadano. FSP-UGT promoverá acciones para
la salvaguarda y el mantenimiento del empleo público.
7º.-En el anteproyecto
de ley se recoge la creación de “comisiones mixtas de traspasos” para
desarrollar los procedimientos en materia de personal, asociados al traspaso de
competencias a las diputaciones provinciales, consecuencia de los distintos
procedimientos contemplados. Esta situación, que se crea con el anteproyecto de
ley, en ningún caso ha de poder ser utilizada como una vía para “reducción de
plantillas”. FSP-UGT promoverá acciones para evitar la reducción de plantillas
indiscriminada y la sangría en el empleo.
8º.- En el
anteproyecto de ley se establece la posibilidad de intervención o pérdida de la
personalidad jurídica de entidades locales (menores, intervenidas, disueltas).
El personal laboral perteneciente a estas entidades locales ha de tener
garantizado su puesto de trabajo, de manera independiente al cambio que pueda
producirse en la entidad contratante. FSP-UGT promoverá acciones para
garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo en estos casos y evitar
la aplicación indiscriminada de la Reforma Laboral.
9º.-La “pérdida” de la
competencia por parte de los ayuntamientos supone no solo pérdida de recursos
financieros asignados a la misma, sino también el traspaso del personal y de
los medios materiales de los ayuntamientos a las diputaciones provinciales.
El anteproyecto de ley
prevé que en el acuerdo de traspaso se “incluirá un plan de redimensionamiento
para adecuar las estructuras organizativas, laborales e inmobiliarias y de
recursos resultantes de la nueva situación, previendo medidas de movilidad
geográfica y funcional”. El plan de redimensionamiento no puede convertirse en
una reducción de efectivos vehiculada a través de un plan específico. FSP-UGT
promoverá acciones para que todos los procedimientos en materia de personal se
lleven a cabo de manera negociada y con la garantía de mantenimiento del
personal.
10º.-FSP-UGT con todas
las acciones, propuestas y estrategias sindicales planteadas busca evitar que
el anteproyecto de ley no se convierta solo en una excusa para buscar el ahorro
comprometido con Bruselas por el Gobierno a costa de adelgazar la estructura de
la Administración Local, despedir personal y eliminar servicios que se prestan
a los ciudadanos buscando deliberadamente la gestión privada de estos y el
copago de los mismos.
