Hay que parar la Reforma de la Administración Local

FSP-UGT presenta su decálogo sindical ante el anteproyecto del ley de racionalización de la Administración Local

Mª Carmen Barrera, secretaria de Acción sindical, y Joana Mor Biosca, secretaria de Local, autonómica y servicios a la comunidad, han presentado un decálogo sindical con el objetivo de promover acuerdos de concertación desde el diálogo social y la negociación colectiva que sirvan de muro de contención a la reforma de la Administración Local planteada por el Gobierno. Las propuestas de FSP-UGT pretenden minimizar los estragos que esta reforma va a ocasionar tanto al personal al servicio de las administraciones locales como a la propia ciudadanía.

"La medida del Gobierno busca sólo el ahorro económico sin tener en cuenta los servicios prestados", ha afirmado barrera en rueda de prensa. "Con esta reforma se perjudica no sólo a los trabajadores sino a las Comunidades Autónomas, ya que la ley propone una reordenación de las instituciones de las autonomías. Nuestro objetivo es orientar pactos y acuerdos desde la Negociación colectiva".

Por su parte, Joana Mor Biosca ha estimado que esta reforma supondría la pérdida de 300.000 puestos de trabajo. "Llevamos aproximadamente un año estudiando los borradores de la reforma. Nos pidieron alegaciones y nosotros hemos exigido que esta reordenación o racionalización de la Administración local no se lleve a cabo a costa del personal. El documento es simplemente economicista. Quieren vaciar de contenido muchos de los servicios que prestan los ayuntamientos, como la asistencia domiciliaria, abocando así a la ciudadanía al repago de estos servicios".

El decálogo sindical quiere paliar la falta de garantías y derechos del personal al servicio de las Administraciones: 

1º.- FSP-UGT se opone rotundamente a un uso normalizado del despido como medida de reorganización de plantilla en la Administración Pública Local. 

2º.-El modelo que FSP-UGT defiende para hacer frente a eventuales necesidades de reestructuración de personal sigue el modelo de gestión socialmente responsable fomentado por la Unión Europea frente al ineficaz e injusto modelo basado en la generación de excedentes de personal al que el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local contribuiría de manera considerable si se aprueban las previsiones actuales. 

3º.- FSP-UGT se opone a la exclusión del ámbito Local, de las competencias de Educación, Sanidad y sobre todo Servicios Sociales pues esto supone un recorte mas sobre la ya maltrecha Ley de la Dependencia. 

4º.- El anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local es un ataque directo a la autonomía de las CCAA y a su organización territorial. Las medidas del anteproyecto de ley suponen una intervención y reducción de los derechos de los ciudadanos que se traduce en el vaciado democrático de las entidades locales. FSP-UGT promoverá acciones con el objeto de aunar voluntades de todas las partes afectadas por el anteproyecto de ley.

5º.-El anteproyecto de ley plantea la posibilidad de que las Diputaciones provinciales puedan privatizar servicios cuya competencia reciban tras los procedimientos de traspasos de competencias previstos con motivo de evaluaciones negativas de servicios, intervención de entidades locales o disolución. Con el objetivo de de preservar la calidad del servicio público que se presta al ciudadano, FSP-UGT promoverá acciones para el mantenimiento de la gestión pública directa de los servicios públicos.

6º.-Los empleados públicos no sólo son los encargados de prestar servicios a la ciudadanía, sino que son también garantes de la calidad y profesionalidad con que estos se desempeñan, debido a las exigencias en cuanto a selección y provisión de puestos de trabajo que rigen el empleo público. La profesionalidad y especialización queda de esta manera asegurada en la prestación de los servicios públicos, garantizando además elevados estándares de calidad que han de ser y continuar siendo patrimonio ciudadano. FSP-UGT promoverá acciones para la salvaguarda y el mantenimiento del empleo público.

7º.-En el anteproyecto de ley se recoge la creación de “comisiones mixtas de traspasos” para desarrollar los procedimientos en materia de personal, asociados al traspaso de competencias a las diputaciones provinciales, consecuencia de los distintos procedimientos contemplados. Esta situación, que se crea con el anteproyecto de ley, en ningún caso ha de poder ser utilizada como una vía para “reducción de plantillas”. FSP-UGT promoverá acciones para evitar la reducción de plantillas indiscriminada y la sangría en el empleo.

8º.- En el anteproyecto de ley se establece la posibilidad de intervención o pérdida de la personalidad jurídica de entidades locales (menores, intervenidas, disueltas). El personal laboral perteneciente a estas entidades locales ha de tener garantizado su puesto de trabajo, de manera independiente al cambio que pueda producirse en la entidad contratante. FSP-UGT promoverá acciones para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo en estos casos y evitar la aplicación indiscriminada de la Reforma Laboral.

9º.-La “pérdida” de la competencia por parte de los ayuntamientos supone no solo pérdida de recursos financieros asignados a la misma, sino también el traspaso del personal y de los medios materiales de los ayuntamientos a las diputaciones provinciales. 

El anteproyecto de ley prevé que en el acuerdo de traspaso se “incluirá un plan de redimensionamiento para adecuar las estructuras organizativas, laborales e inmobiliarias y de recursos resultantes de la nueva situación, previendo medidas de movilidad geográfica y funcional”. El plan de redimensionamiento no puede convertirse en una reducción de efectivos vehiculada a través de un plan específico. FSP-UGT promoverá acciones para que todos los procedimientos en materia de personal se lleven a cabo de manera negociada y con la garantía de mantenimiento del personal.

10º.-FSP-UGT con todas las acciones, propuestas y estrategias sindicales planteadas busca evitar que el anteproyecto de ley no se convierta solo en una excusa para buscar el ahorro comprometido con Bruselas por el Gobierno a costa de adelgazar la estructura de la Administración Local, despedir personal y eliminar servicios que se prestan a los ciudadanos buscando deliberadamente la gestión privada de estos y el copago de los mismos.