jueves, 17 de octubre de 2013

Regidores de todos los partidos temen que la reforma local acabe con 30 años de asistencia a los desfavorecidos

Los alcaldes se rebelan contra el desguace de sus servicios sociales


Personas sin hogar descansan en un albergue madrileño. 
La alarma por el incierto futuro que se cierne sobre los servicios sociales municipales —unas prestaciones especialmente exigidas en tiempos de crisis económica como los actuales— ha cundido entre los alcaldes que temen la desaparición de la red asistencial de proximidad desarrollada a lo largo de tres décadas y fuertemente arraigada y que en la actualidad da servicio a siete millones de personas. Regidores de todo signo político —hasta la Federación Gallega de Municipios y Provincias, presidida por un alcalde del PP— están elevando el tono de sus quejas a medida que se acerca el debate sobre el proyecto de ley de reforma local que tendrá lugar el jueves en el Congreso, una norma que forma parte del programa de ajustes del Gobierno y que pretende llevar a la práctica el principio: una administración, una competencia.
De acuerdo con su actual redacción, el proyecto de ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local limita a los Ayuntamientos las competencias en servicios sociales. Solo los que tengan más de 20.000 habitantes están obligados a hacer frente a una reducida labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. En los municipios más pequeños, el 87% del total, esta competencia se reconoce pero no será de obligatoria aplicación. El resto de los servicios sociales recaen en la Administración autonómica.
Fernando Clavijo, alcalde de Coalición Canaria de San Cristóbal de la Laguna (150.000 habitantes, Tenerife) es uno de los 2.000 regidores que el domingo se reunieron en Madrid para protestar por esta reforma y anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo no consensúa la ley con ellos. “La norma obedece a un criterio economicista, es decir, pretende ahorrar”, apunta Clavijo a este diario. “Y no conozco otra forma de ahorro en el gasto público que no suponga recortes y quitar prestaciones a los ciudadanos”. El alcalde de La Laguna teme que si retiran a los municipios la posibilidad de ofrecer los servicios que prestan —“nosotros, por ejemplo, ayudamos a miles de personas mayores a limpiar la casa, les compramos la medicación, la comida...”— las autonomías no se hagan cargo de ellos.
“La gama de servicios sociales que prestamos es enorme”, añade Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo (300.000 habitantes). “Contamos con un albergue para personas sin hogar, tenemos programas de lucha contra el maltrato, atención a la infancia, a personas con discapacidad... todo esto desaparece. ¿Quién lo va a prestar y cómo? Las autonomías no son capaces. La ley puede abrir una senda de falta de asistencia”.
José Masa, alcalde de Rivas-Vaciamadrid (75.000 habitantes), de IU insiste en cómo la transferencia de competencias a las comunidades autónomas supondrá “un retroceso en la atención social en una época de grave crisis”. “Todo lo que tiene que ver con la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los mayores, la igualdad, la integración de inmigrantes, juventud, infancia, pasará a depender de una administración más lejana”, apunta. “Y no está claro que las autonomías asumirán y podrán pagar estas competencias, hoy mismo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha quejado de que tiene un problema de financiación”. David Pérez, alcalde del PP de Alcorcón (170.000 habitantes), es más prudente. Destaca que la ley está aún en proceso de tramitación. “Es prematuro y aventurado pronunciarse sobre los efectos que puede tener”, traslada. Y aunque manifiesta que no teme que desaparezcan servicios, admite que, tal y como la ley está planteada, existen incertidumbres relativas a cómo se van a sufragar los servicios si pasan a depender de unas autonomías exhaustas de fondos. “Hay que clarificar la financiación, que no está definida, el Estado debería arbitrar una fórmula para que las autonomías puedan asumir el coste [de las nuevas prestaciones que deberán asumir]”.
El cambio que introduce la nueva norma supone un importante cambio de concepto. La ley de Bases actual, de 1985, atribuye a los Ayuntamientos competencias en “servicios sociales, promoción y reinserción social”, aunque las comunidades se hayan ido haciendo cargo de esas competencias, al menos sobre el papel, en sus respectivos estatutos. De ahí que los municipios, especialmente aquellos de más de 20.000 habitantes, fueran desplegando desde la mitad de los años ochenta servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de ayuda a la familia, de prevención e inserción social, comedores públicos o cualquier otro que el Consistorio considerara necesario para sus ciudadanos.
Con el paso de los años, esta atención próxima se ha convertido en una amplia red asistencial con un elevado volumen de gasto. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una de las entidades que más ha insistido en la amenaza que supone la ley de reforma de la Administración local, ha contabilizado los millones de euros que están en el aire debido a la norma en un intento de dimensionar el coste de los servicios que hay en juego. Y el resultado es superior al que esperaban.
El gasto de las Administraciones locales en materia de servicios sociales es de 5.118 millones de euros, de acuerdo con lo recogido en el presupuesto liquidado de 2012.
En esta suma se encuentran incluidos los fondos destinados por las comunidades autónomas a apoyar estos servicios (1.276 millones de euros). Una vez restada esta cantidad, la suma sigue siendo notablemente elevada: 3.851 millones de euros. Excepto unos pocos cientos de euros —que corresponderían a los salarios del personal que necesitan los municipios para prestar sus disminuidas funciones de información, derivación y atención urgente— los más de 3.500 millones de euros restantes corresponden al coste de prestaciones que deberían asumir las autonomías.
Aunque la ley abre la puerta a que no lo hagan. Una disposición adicional de la nueva ley prevé que, una vez asumidas por las autonomías las competencias relativas a la prestación de servicios sociales, de promoción y reinserción social, les corresponderá “establecer (...) las medidas necesarias para racionalizar el servicio”.
De ahí que no solo estén en el aire decenas de miles de puestos de trabajo de funcionarios municipales, sino también de otras entidades. “Se van a ver afectadas las empresas de ayudas a domicilio que tienen contratadas a miles de personas. Hay 650.000 usuarios de ayuda a domicilio, 648.000 cuyo servicio lo prestan los Ayuntamientos. Significa que hay 32.240 auxiliares de hogar que serían los más afectados. La reforma local pone en riesgo esos empleos. Pero hay hasta 70.000 empleos sociales en el aire en total”, apunta José Manuel Ramírez, de la asociación de gerentes.El informe de los gerentes sociales destaca cómo parte del dinero en atención social que gastan los Ayuntamientos acaba en el sector privado. Un 38% del gasto social municipal corresponde a servicios del sector privado (ayuda a domicilio, teleasistencia) y un 21% a transferencias de ayuda directa (a las familias) o indirecta (a través de entidades sin ánimo de lucro).
Para Ramírez es imprescindible que la ley reconozca a los servicios sociales municipales las competencias de los servicios de proximidad. Y conceder cinco años para la transferencia de otros servicios (por ejemplo, las residencias) a las autonomías. Fuente: El País

martes, 8 de octubre de 2013

EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID APROBÓ AYER PRIVATIZAR LA GESTIÓN DE LA LAVANDERÍA DE LA ROPA HOSPITALARIA.

UGT DENUNCIA LA PRIVATIZACIÓN DE LA LAVANDERÍA CENTRAL

Siguiendo el plan del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha adjudicado a una UTE de empresas el servicio de la Lavandería de Mejorada del Campo. Las consecuencias inmediatas de este hecho son: el despido de cientos de empleados públicos que serán sustituidos por trabajadores contratados con menos derechos laborales y el desvío de fondos públicos a empresas privadas.

UGT denuncia que una vez más el Consejero de Sanidad actúa sin haber explicado a los ciudadanos la necesidad de este cambio de titularidad de público a privado de un servicio, el de lavandería hospitalaria, que está funcionando con unos niveles de calidad y eficiencia económica excepcionales, imposibles de lograr cuando el ánimo de lucro es el principal objetivo a alcanzar.

Las empresas que van a beneficiarse de este nuevo espolio de bienes públicos son Fundosa Lavanderías Industriales – Lavandería Industrial Laundry Center, que recibirán 45.994.674,64 euros, en un periodo de 4 años, para lavar la ropa de 19 hospitales con el menor coste posible, obteniendo el beneficio a costa del capítulo de personal.
Esta medida repercute además en el cierre de las instalaciones de lavandería, de las que están provistos algunos de los hospitales, que ahora derivarán su producción innecesariamente a las empresas privadas, despedirán a sus profesionales y desaprovecharan medios de los que ahora se disponen.


UGT ya interpuso demanda judicial contra el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SERMAS, las Resoluciones de la Consejería de Sanidad encaminadas a la desaparición de puestos de trabajo e interpondrá recurso contra esta nueva privatización de los servicios públicos sanitarios

jueves, 3 de octubre de 2013

2014 será el cuarto año consecutivo de esta crisis en el que los salarios de los empleados públicos permanecerán congelados y el quinto en el que no crecen.

El Gobierno congela el salario de los empleados públicos en 2014, pero mantiene las dos pagas extra
El Gobierno congelará de nuevo el salario del sector público en el Presupuesto de 2014, aunque mantendrá las dos pagas extra, tal y como se lo ha transmitido el Ejecutivo a los sindicatos en la mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas este jueves.
Según informa el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa, en materia retributiva los empleados públicos mantendrán sus retribuciones en 2014 y el cobro de las dos pagas extra, tal y como adelantó el martes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Por lo tanto, 2014 será el cuarto año consecutivo de esta crisis en el que los salarios de los empleados públicos permanecerán congelados y el quinto en el que no crecen, ya que a las congelaciones de 2011, 2012, 2013 y 2014 habría que sumar el recorte salarial de entre el 5% y el 7% que aplicó el Gobierno socialista en 2010 y la supresión de la paga extra de Navidad decidida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012.
Pese a la nueva congelación, la Administración reconoce los esfuerzos que se han pedido a los empleados públicos y el servicio "eficaz y profesional" que prestan a la sociedad permitiendo garantizar los niveles de calidad de los servicios públicos y a contribuir a ir superando los retos de la actual coyuntura.
En la nota de prensa, Hacienda explica que la política de contención del gasto público sigue siendo una de las claves para la reducción del déficit durante el 2013, por lo que el proceso de estabilidad presupuestaria sigue teniendo un destacado reflejo en los gastos de personal.
En este sentido, recuerda que la masa salarial del conjunto de efectivos del sector público estatal ha experimentado en agosto una reducción del 2,08% frente al 2012, hasta 11.195 millones, lo que ha supuesto un ahorro por esta partida de más de 238 millones de euros.
El número de efectivos, por su parte, se ha reducido un 2,95% hasta el 30 de agosto de 2013, hasta 560.111 efectivos, de los que 497.630 son funcionarios (con una reducción del 2,72%) y 62.481 personal laboral (con una reducción del 4,75%).
Por otro lado, el Gobierno también mantendrá congelada la oferta de empleo público en 2014, aunque las limitaciones de no incorporación de nuevo personal no afectarán a determinados sectores prioritarios en los que la tasa de reposición será del 10% como máximo, igual que el año pasado.
Estas limitaciones no afectaron el año pasado a la educación, la sanidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía autonómica y local, las fuerzas armadas, el control y la lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social.
También quedaban fuera el asesoramiento jurídico y la gestión de recursos públicos, la administración de justicia y la acción exterior del Estado. Este año, además, se sumarán los servicios de prevención y extinción de incendios, el personal investigador, la supervisión e inspección de los mercados de valores y la inspección y supervisión de la seguridad aérea y las operaciones de vuelo.

Por otro lado, las administraciones públicas y las organizaciones sindicales han ratificado el acuerdo de formación para el empleo de las administraciones, aprobado por la Comisión General el pasado 19 de julio, que adapta algunos aspectos relacionados con la gestión de la formación de los empleados públicos de la Administración Local a través de la Comisión Paritaria de Formación para el Empleo de cada CC.AA

UGT rechaza el Anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales para el 2014

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO SE "CEBAN" POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO CON 500.000 FAMILIAS MADRILEÑAS

UGT rechaza el Anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales para el 2014 ya que congela nuevamente los salarios del sector público, lo que supone una pérdida del poder adquisitivo que supera el 23%.

Aquí en la Comunidad de Madrid, son cerca de 500.000 los afectados por esta medida. Trabajadores y trabajadoras que ya vieron reducido su salario en el 2010 en un 5%, a los que se les quitó la paga extra en el 2012 (7,8%) y no se les compensó el aumento de la inflación de estos años lo que supone un 8% de merma salarial, cuyo resultado final es ese 23% de pérdida de poder adquisitivo.

Toda una serie de recortes salariales a los que se tendrían que sumar el aumento de la jornada laboral, lo que ha supuesto que paguen menos por hora trabajada, la reducción de días libres (que en su momento se aprobaron como contraprestación a una subida salarial que no podía producirse), el incumplimiento de todos los acuerdos laborales firmados entre los Sindicatos y la Administración, la eliminación de las ayudas llamadas de gasto social (que también formaban parte del salario), una pérdida de empleo en Madrid de más de 50.000 puestos de trabajo como consecuencia de la no reposición de efectivos, reducción de empleo público que se ha agudizado en sanidad, educación y servicios sociales, etc.


Para UGT el Gobierno haciendo gala de su capacidad imaginativa, convierte nuevamente a los empleados públicos en los paganinis de la fiesta de la banca y de su mala gestión económica. Mientras aplica la estabilidad presupuestaria de las cuentas públicas en sus trabajadores y trabajadoras, no duda en seguir ayudando a la banca y promoviendo subidas en la luz, copagos farmacéuticos, aumentos de tasas en educación…situaciones que repercuten aún más en la ya constante pérdida de poder adquisitivo de este colectivo