jueves, 13 de junio de 2013

"Lo que se pretende es que las políticas de la UE cambien y que el déficit público deje de ser ese santo al que rezan todos los días

Concentración ante la Representación en España de la Comisión Europea.
Convocados por UGT, CC.OO y USO varios cientos de personas se han concentrado este miércoles ante la sede madrileña de la Comisión Europea, portando banderas para pedir el fin de los recortes y el impulso de medidas en favor del crecimiento económico y el empleo.

Los representantes de los tres sindicatos han entregado en la sede comunitaria un documento con propuestas sindicales de cambio de las políticas económicas de la UE.

En declaraciones a los medios, el secretario general de UGT de Madrid, José Ricardo Martínez, ha explicado que dicho escrito "traslada la incomprensión y rechazo" de los sindicatos a unas políticas económicas que "están trayendo miseria a Europa y, desde luego, a España, dónde se produce una particular efervescencia en la aplicación de las medidas por parte del presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Según ha dicho, tras los 6,2 millones de parados que hay en España, o el casi 60% del paro juvenil, está un Gobierno que "no hace más que aludir a cualquier cifra y engancharse a ella para justificar sus medidas" y que "está sumiendo a España en una situación de pereza, tristeza y pobreza que no se ha conocido en la historia de la democracia".

POR UN CAMBIO RADICAL.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que forman parte UGT y CC.OO. y USO, ha convocado una semana de movilización social, que en España se traducirá en más de 50 manifestaciones y concentraciones en todas las provincias desde mañana 13 de junio hasta el próximo domingo 16 de junio.

Las prioridades de la CES, incluidas en el documento entregado este miércoles en la sede de la Comisión Europea en Madrid, se centran en la necesidad de poner en marcha un programa de recuperación europeo para volver a generar empleo, poner fin a los recortes del gasto público, poner el acento en las inversiones, promover el diálogo social, establecer una fiscalidad más gradual y redistributiva y reforzar las redes de protección social

martes, 11 de junio de 2013

Sentencia de muerte para el personal laboral

Cospedal propone extinguir de forma progresiva 3.656 puestos públicosea


"El PP es el partido de los trabajadores". Esta frase la pronunció hace hoy un año y cuatro meses la presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, María Dolores de Cospedal. Apenas dos meses después de que Mariano Rajoy llegara a la Moncloa y a pesar de los indicadores del momento, ella seguía sosteniendo que en 2012 se iban a crear 300.000 puestos de trabajo. Pero el balance ha sido bien distinto. Desde que los conservadores llegaron al poder, en noviembre de 2011, el número de parados ha crecido en más de un millón, y el propio Gobierno espera acabar la legislatura con un mayor desempleo que con el que se encontró
La Junta que preside la propia Cospedal tiene pensado dar un paso más en esa misma dirección: pretende acabar progresivamente con hasta 3.656 puestos públicos del personal laboral de la administración regional. Eso es lo que se desprende de la propuesta de convenio colectivo que fue planteada por la Dirección General de la Función Pública (ver PDF) a los agentes sociales en una de las últimas reuniones para negociar dichas condiciones que se celebró el pasado jueves en Toledo.
El borrador, cuya veracidad ha sido comprobada y corroborada por los sindicatos consultados por este diario que estaban presentes en dicho encuentro -a pesar de las numerosas llamadas realizadas, las fuentes de la Junta contactadas se han negado a dar ningún tipo de explicación-, contempla la extinción de esas 3.656 plazas, de manera que en el momento en el que queden vacantes por la salida de los trabajadores que hoy las ocupan -bien sea por su jubilación, por su fallecimiento o por su traslado- esos puestos no se repondrán nunca porque desaparecerán automáticamente.

Nueve colectivos afectados

El colectivo que se verá más afectado será el que engloba las profesiones contempladas en el Grupo V del convenio colectivo. En esa clasificación se encuentran los ordenanzas, que verían extinguidas 1.582 plazas; los peones especialistas, que se quedarían sin 389 puestos; o elpersonal de limpieza y servicios domésticos, que contabilizarían 1.497 empleos menos al final de todo el proceso.
Respecto a los otros grupos, la Junta propone acabar con 242 plazas más. En concreto, se trata de 10 jefes de mantenimiento, un jefe de artes gráficas, un verificador, siete oficiales impresor repógrafo, 61 oficiales primeros de mantenimiento y 92 oficiales segundos de mantenimiento.
Los sindicatos castellano manchegos han confirmado que fue el director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, el que les presentó este borrador el pasado jueves durante la ya mencionada reunión para negociar el convenio colectivo, algo para lo que ambas partes tienen de plazo hasta el próximo 8 de julio. Nada más conocer el contenido del texto, todas las centrales presentes en el encuentro -CCOO, UGT, CSIF y STAS Intersindical- se levantaron de la mesa y renunciaron a seguir la negociación. 

La "conducta antisindical" de la Junta

"Es la sentencia de muerte del personal laboral público y el comienzo de las privatizaciones de sus labores", lamenta un portavoz sindical. Critica en especial la destrucción de las plazas de personal de limpieza, lo que afectará principalmente, según él, a institutos, residencias de mayores y escuelas infantiles. 
Los encuentros entre administración y sindicatos se producen en medio del proceso abierto por el Tribunal Superior de Justica de Castilla-La Mancha para esclarecer si la Junta que preside Cospedal violó el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos durante las conversaciones que derivaron en otra destrucción de puestos de trabajo, la de otros 700 empleos. 
El fiscal del caso daba la razón a las centrales sindicales -que fueron quienes denunciaron al Ejecutivo de Cospedal-, al considerar que la administración autonómica había mantenido una "conducta antisindical" y había "impedido cualquier negociación" al respecto. Fuente: Público.es

TODO SOBRE LOS ERES

GUÍA PRÁCTICA DE CONSULTA A TRAVÉS DE 180 PREGUNTAS

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Mesa en Defensa de la Sanidad Pública Madrileña


Acuerdo para el nuevo convenio de Ayuda a Domicilio en Madrid 
Los sindicatos UGT y CC.OO. y la patronal (ASEMAD) han alcanzado el 10 de junio un principio de acuerdo para el nuevo Convenio Colectivo de la Ayuda Domicilio en Madrid, después de 18 meses de negociación, siendo ratificado esa misma tarde en asamblea multitudinaria. El nuevo convenio se firmará el viernes 14 de junio.

Con este principio de acuerdo alcanzado quedan suspendidos los paros y concentraciones que había previstos por la situación de estancamiento en la negociación de dicho convenio.

La pretensión de la patronal partía de rebajar las condiciones económicas del convenio un 10 por ciento y "cercenar" derechos laborales como la minoración de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, rebaja de prestaciones en casos de IT, aumento de jornada y la flexibilidad de la misma.

UGT siempre ha abogado por no rebajar salarios y dejar como están los derechos conseguidos a través de la negociación colectiva, haciendo un ejercicio de responsabilidad acorde a la difícil situación económica actual

Tras un aumento de los contactos entre patronal y sindicatos, y a raíz de la reunión de la mesa negociadora del viernes pasado, se han mantenido encuentros durante todo el fin de semana, donde se han acercado posiciones y han dado fruto en el acuerdo alcanzado.

El acuerdo propone congelación salarial para el salario base; incremento de un 0,8% el plus transporte; aumento de jornada de media ahora alcanzado las 36,5 horas semanales. También se reduce el 15% de horas complementarias para subir horas parciales.

El convenio será de aplicación para unas 12.000 personas en la Comunidad de Madrid y tendrá validez para los años 2012 y 2013, si bien este convenio constará de una importante cláusula de ultraactividad de dos años al vencimiento del mismo.
EL AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR PRIVATIZA LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA
La privatización de los Servicios Sociales de Atención Primaria supone la ruptura de la red pública que protege a la población más vulnerable, necesitada y desprotegida del municipio.
El objetivo de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, es el de asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, teniendo cubiertas las necesidades sociales.

Pues bien, desde que en enero de 2001 el municipio de Galapagar se separó de la mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste y comenzó a gestionar directamente sus servicios sociales, han existido multitud de deficiencias en las competencias encomendadas por la Ley y tanto las condiciones laborales como de infraestructuras del Centro de Servicios Sociales de Galapagar han estado siempre por debajo del resto de Centros de la Comunidad de Madrid. 

En el año 2008 se llevó a cabo la privatización del equipo de violencia de género y en 2009 se prescindió de la educadora de familia y de la mediadora intercultural y, finalmente en 2012 se han despedido a más trabajadores cualificados, siendo sustituidos por personal de otros departamentos no relacionados con la atención social primaria y que, están cofinanciándose por el convenio de servicios sociales de la Comunidad de Madrid en un 66%

El Centro de Servicios Sociales de atención primaria de Galapagar, como el de cualquier otro municipio, está suscrito anualmente a un Convenio de la Comunidad de Madrid por el que el Ayuntamiento solo asume un 50% del gasto en programas y el 34% de los gastos de personal.

Desde UGT consideramos una frivolidad la falta de interés de este Equipo de Gobierno por el trabajo de los Servicios Sociales cuyos objetivos tienden a la dignificación de las personas y, entendiendo que un servicio público ha de buscar la eficacia, eficiencia y calidad de la atención a los ciudadanos, con la finalidad de un beneficio social para todos, un servicio privado, tiene como fin último el beneficio económico del prestatario, por lo que ponemos en duda que una gestión privada pueda garantizar en un futuro el abanico de servicios que se llevan a cabo por los empleados públicos con las garantías de profesionalidad, eficiencia e imparcialidad que en la actualidad se dan.

UGT se ha movilizado y seguirá movilizándose en contra de las privatizaciones y por la defensa de los servicios públicos

La Sala IV del alto tribunal dictamina que beneficiarios de la Seguridad Social, sindicatos, funcionarios y personal estatutario no deben pagar

Nuevo batacazo para Gallardón y su ley: el Supremo exime a los trabajadores de abonar las tasas en los recursos que se presentan ante los Juzgados de lo Social.

El pleno no jurisdiccional de la Sala IV del Tribunal Supremo ha decidido que los trabajadores, los beneficiarios de la Seguridad Social, los sindicatos cuando representen los intereses de los trabajadores, los funcionarios y el personal estatutario si actúan en el ámbito de competencias del orden social estarán exentos de pagar las tasas en los recursos.

El Supremo dice que no hay que pagar
Esta resolución supone todo lo contrario de lo que dice la Ley de tasas de noviembre del 2012. Según esta ley los trabajadores deben abonar en los recursos un 40 por ciento fijo de tasas y un 40 por ciento variable en función de la cuantía del pleito. Ahora, ese abono ya no será necesario por esta resolución del Supremo.


Justicia gratuita para los trabajadores
El acuerdo de la Sala se debe a la consideración de que cuando en febrero de 2013 se produjo una nueva modificación de la Ley de Tasas, se modificó también la Ley de asistencia jurídica gratuita pero este cambio no tocó las disposiciones relativas al beneficio de justicia gratuita de los trabajadores que la tienen por mandato legal.


Nuevo batacazo para Gallardón
La Ley de justicia gratuita se estaba estudiando en el Parlamento. Esta decisión del Supremo se entiende en diferentes ámbitos como “un nuevo batacazo para el ministro Ruiz Gallardón y su ley de tasas”. Durante este tiempo se ha dado la situación de que algunos juzgados no han admitido los recursos si no se abonaba la tasa. En esa situación el trabajador presentaba un recurso de queja. Todos esos recursos de queja presentados por el abono de las tasas, tendrán que ser ahora admitidos.


Hacienda…a devolver
Hasta la fecha se han emitido en esta línea dos autos en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considerando que no había que pagar estas tasas. Estos autos han sido asumidos por el Tribunal Supremo en esta resolución. También el TSJ de Canarias tomó un acuerdo en el mismo sentido. En cambio, en Granada los jueces dictaminaron en sentido contrario. Ahora queda por ver qué ocurrirá con quienes han pagado las tasas que tendrán derecho a su devolución. Habrá que saber cómo deben reclamar a Hacienda estas tasas indebidamente abonadas. Fuente: El plural.com

2012 ya cerró con un descenso salarial del 8,5%

Los sueldos siguen cayendo y suman seis meses a la baja
No se ha salvado ni una empresa ni un sector. Allí donde no ha habido cierres, ha habido Expedientes de Regulación de Empleo (ERES) y bajadas de sueldo para la plantilla que seguía en nómina. En prácticamente todas las empresas, los trabajadores han pactado cobrar menos a cambio de conservar sus puestos de trabajo y sobre esto hay ya encuestas oficiales del Instituto Nacional de Estadística, que hoy ha dado a conocer que los costes salariales en España descendieron un 0,3% entre enero y marzo y suman ya seis meses de caídas.

En 2012 salarios un 8,5% más bajos
El INE ha informado que el Índice del Coste Laboral Armonizado (ICLA)  registró ese descenso del 0,3% respecto al primer trimestre del año pasado, pero es que ya en 2012 los salarios sufrieron un descenso del 8,5% en tasa anual. Si tenemos en cuenta que el Gobierno no ha aprobado ni puesto en marcha ninguna medida que rebaje las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social, es obvio que el ‘ajuste’ se ha realizado únicamente sobre las espaldas de los trabajadores. Sólo en el cuarto trimestre de 2012 los costes laborales cayeron un 3,5%, la mayor caída de toda la serie histórica que comenzó a elaborarse en al año 2010.


Datos de 2010
Si nos fiamos por la estadística, no se ve aún la luz al final del túnel; o solo la ven la ministra de Empleo y Rajoy. Porque con el descenso de salarios del primer trimestre de este año son dos trimestres consecutivos de caídas, y eso no ocurría desde el tercer trimestre de 2010, en lo que fue ‘lo peor de lo peor’ de la crisis. Los mayores descensos en costes salariales se han producido en Educación (-3,9%), actividades sanitarias (-4,4%), mientras que subieron las industrias extractivas (+8,6%) y el suministro de energía eléctrica (+6,8%).

Mientras en 2012 el conjunto de las remuneraciones salariales sufrió una caída récord, aumentaron los ingresos de empresas y autónomos. Por primera vez las rentas empresariales superaron a las salariales en el reparto de la riqueza en relación con el PIB. Obviamente hay muchos menos empresarios que trabajadores (asalariados) en España, por tanto unos pocos se repartieron más en plena crisis, otro dato que ejemplifica que la brecha de la desigualdad se agranda con la crisis. Fuente: El Plural.com

viernes, 7 de junio de 2013

El FEI y el FRA

¿Cuánto bajará mi pensión inicial?

El informe final del comité de expertos mantiene dos fórmulas clave para la aplicación del factor de sostenibilidad, bautizadas como FEI y FRA. Aunque de carácter técnico, ambas se traducen en la práctica en pensiones más bajas, especialmente en tiempos de crisis.
¿Qué es el FEI o Factor de Equidad Intergeneracional?
  • Lliga la pensión inicial de los nuevos jubilados a la esperanza de vida. Por definición, no se aplica a los actuales pensionistas sino solo a los futuros. Aunque cada año se tendrán que reajustar esos factores en función de las nuevas previsiones de esperanza de vida, los expertos incluyen en un anexo del informe un ejemplo de su aplicación que muestra a las claras cómo se traduce en una rebaja de la pensión inicial.
  • La idea de los expertos es que, en el futuro, los pensionistas reciban a lo largo de toda la jubilación la misma prestación independientemente de la generación a que pertenezcan. Es decir, un pensionista que se espera que viva 25 años deberá recibir un 20% menos de pensión que otro que se espera que viva 20 años. Obviamente, otros factores también entran en juego, con lo que el cálculo definitivo se complica.La mera aplicación del FEI supondrá una rebaja cada vez mayor de la pensión inicial, según ese ejemplo. Tomando como referencia el año 2014, donde la esperanza de vida a los 65 años es vivir 20,27 años más, la rebaja sería del 5% para un jubilado a los 65 años en iguales condiciones en el año 2021, pues la esperanza de vida para ese nuevo pensionista será de 21,28 años. El recorte de la pensión inicial por la aplicación aislada del FEI sería del 10% en 2030, del 15% en 2040 y del 19% en 2050.

¿Combinarán el FEI con el retraso de la edad de jubilación?

  • En paralelo a la aplicación del FEI, se irá produciendo un retraso en la edad de jubilación legal (salvo para aquellos jubilados con carreras más largas de cotización) por la aplicación progresiva de la anterior reforma de las pensiones.
  • El informe no explica cómo interactúa el nuevo factor con ese retraso, que aminora a su vez el número de años que se recibe pensión. Al tiempo, también se va aplicando progresivamente, por efecto de la anterior reforma, el aumento de los años que se tienen en cuenta por la ampliación del periodo de cómputo de la pensión y el tiempo necesario para poder cobrar una pensión, factores que, en general, se traducen también en unas pensiones más bajas.
  • Los expertos, sin embargo, se aferran a que las bases de cotización han ido aumentando y pueden seguir haciéndolo para decir que las nuevas fórmulas son compatibles con unas pensiones medias mayores. Lo son, puede haber pensiones medias mayores, pero al tiempo mucho menores de las que resultarían de no aplicarse el factor de sostenibilidad.

¿Qué pasa si se aplica el FRA o Factor de Revalorización Anual?

  • Sustituiría al IPC como vara de medir de la subida de las pensiones existentes y se vincula sobre todo a los ingresos y gastos. Su aplicación depende de muchos parámetros por definir, pero apunta también a pensiones más bajas y pérdidas de poder adquisitivo, sobre todo en tiempos de crisis.
  • En todo caso, los expertos insisten en que aunque el factor de sostenibilidad impone una serie de restricciones que han de cumplirse anualmente para asegurar el equilibrio presupuestario y ellos proponen los "parámetros más lógicos" para esas fórmulas, eso "no sustituye a la soberanía popular, y ni siquiera la erosiona o matiza".
Fuente: El País

Todo en base a los gastos e ingresos del sistema

Los expertos del Gobierno proponen pensiones más bajas en tiempos de crisis

A punto de acabar su informe sobre la reforma de pensiones, la mayoría de los 12 expertos se inclinan por consagrar legalmente algo que ya ha sucedido en los últimos dos años: que las pensiones pierdan poder adquisitivo en tiempos de crisis, incluso que queden casi congeladas por un largo periodo si la economía va mal durante mucho tiempo, como sucede ahora. Traducción: que en las malas épocas las pensiones sean más bajas.
Ya hace más de un mes que la docena de académicos a los que el Gobierno encargó el diseño del factor de sostenibilidad comenzó sus trabajos. Lo tienen casi listo y hoy, en la reunión que mantendrán, puede quedar cerrado. Consistirá en un doble mecanismo de ahorro para la Seguridad Social: por un lado, desvinculando las pensiones de la marcha de los precios y ligándola a la salud de las cuentas del instituto público; y, por otro, estableciendo que la pensión inicial de los recién jubilados quede encadenada a la esperanza de vida en el momento de retirarse. Así figura en el “borrador, pendiente de los últimos ajustes”, de 43 páginas fechado el pasado 4 de junio, la versión casi definitiva del informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El informe final de los expertos, que probablemente no será asumido por todos los miembros del grupo, se entregará al Ejecutivo una vez se ultime, probablemente hoy. No es descartable, sin embargo, una prórroga de unos días más. Cuando lo reciba, el Gobierno lo remitirá al Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria donde se negocian las reformas de pensiones, y abrirá las conversaciones con los sindicatos y la patronal que ha prometido Rajoy. La reforma final y el momento de su entrada en vigor —“el comité se pronuncia a favor de una aplicación lo más temprana que sea posible y prudente, dentro del periodo 2014-2019”— tiene que estar lista en septiembre, según se ha comprometido el Ejecutivo con la Comisión Europea.El factor de sostenibilidad es un mecanismo de ajuste y contención de gasto en el sistema público de pensiones que se contempló en la última reforma, la que se aprobó en 2011 y entró en vigor este año, que contempla el incremento paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Para definir este factor, que ya funciona en diversos países europeos bajo distintas modalidades, el Gobierno designó un grupo de 12 expertos el pasado abril que ha estado trabajando durante todo el mes de mayo en su diseño.

Una reforma para pensiones presentes y futuras

La principal novedad de la reforma que se avecina, según propone el borrador al que ha tenido acceso este diario, es que afectará tanto a los pensionistas futuros como, sobre todo, a los actuales. Si la propuesta sale adelante en los términos redactados hasta ahora, esto significará que por primera vez una reforma de este tipo se aplica sobre quienes ya son pensionistas en el momento de su entrada en vigor. Hay que tener en cuenta que la actualización anual es el elemento que más contribuye al incremento anual de la factura de las pensiones (una media de 2.000 millones anuales desde los años ochenta, teniendo en cuenta la inflación).
La propuesta no aconseja seguir retrasando la edad legal de jubilación más allá de los 67 años ni anticipar su llegada antes de 2027, ni tampoco modificar o acelerar los cambios en el periodo del cómputo de la pensión ya previstos. En cambio, sí propone una nueva fórmula para actualizarlas cada año. En ella, tendrían un protagonismo fundamental los ingresos y los gastos del sistema, tanto en el ejercicio vigente como en varios anteriores como en posteriores, según las previsiones.
El resultado de esta fórmula en situaciones como la actual puede dar como resultado incluso recortes sobre la pensión y no solo la congelación. Para que eso no suceda, el borrador aconseja “la fijación de una cláusula suelo que impida la caída de las pensiones de quienes ya estén jubilados de momento de aplicar el factor”. Sí que deja abierta la puerta a que eso suceda con quienes se retiren en el futuro. Aunque estudiada con atención la fórmula y leído el borrador se deja un mecanismo en manos del Gobierno de turno para que esto no suceda: aportar más ingresos al sistema a través de los impuestos y no solo por las cotizaciones. Claro que esto, en épocas de estrecheces financieras y con una ley de estabilidad presupuestaria como la vigente no resulta nada sencillo si ese dinero no se retira de otras partidas.
De quedar así la propuesta en la reforma definitiva, esto complicaría enormemente el escenario anual de actualización de las pensiones. El propio informe lo contempla cuando aconseja que “por razones de justicia y de prudencia el factor de revalorización anual debe aplicarse a los pensionistas actuales y futuros en grados y bajo modalidades distintas”. Y todo eso teniendo en cuenta que se hace en el marco de un periodo transitorio de retraso paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 y aumento del periodo de cálculo de las pensiones hasta 25 años en 2022.

Los funcionarios

No se olvida el comité de sabios de los funcionarios y recomienda que también en este caso se ligue la actualización anual de las pensiones de este colectivo a la fórmula propuesta. “Debería considerarse la posibilidad de aplicarse el factor de sostenibilidad diseñado en este informe a dichas pensiones [en referencia a los empleados públicos]”.
En este punto y en esta versión hay retoques sobre el borrador anterior, adelantado por EL PAÍS. En él se proponía que si en épocas de bonanza de la aplicación de la fórmula resultara un aumento de pensiones significativo, se estableciera un límite en el índice de precios al consumo. Esta vez ha desaparecido este límite. Se abre así la posibilidad de que en los años de crecimiento se pueda compensar el sacrificio de las crisis.
El factor de sostenibilidad que propone el comité contempla un segundo mecanismo de ajuste: la vinculación de la primera pensión del jubilado a la esperanza de vida al retirarse. Esto se traduce en una merma de las pensiones futuras como admite el propio borrador: “implica un ajuste a la baja en el cálculo de la pensión inicial, aunque en magnitudes del 5% cada 10 años”.
De no sufrir modificaciones sustanciales en estos dos puntos durante las negociaciones políticas y sociales, España pasaría a ser el primer país europeo con un doble mecanismo automático de ajuste y contención de gasto en el sistema de pensiones: uno sobre la pensión inicial, basado en un elemento demográfico, y otro sobre la actualización anual, asentado en la coyuntura económica.

Cambios más allá de la pensión

Aunque no cae estrictamente dentro de sus propuestas, el comité también señala que caben otros cambios en el sistema como cambiar al “considerar las cotizaciones de toda la vida laboral”. De hecho, afirma que este mecanismo “no sustituye la necesidad de otras reformas internas del propio sistema para mejorar su eficiencia y equidad”.
Conscientes de la impopularidad de la propuesta, aunque el objetivo sea la “sostenibilidad del sistema público de pensiones”, el borrador está redactado en tono defensivo. “El factor de sostenibilidad no es sinónimo de recorte”, defiende el borrador. Y argumenta: “A medio y largo plazo, la pensión media representará un porcentaje menor del salario medio, sin embargo, la pensión media real aumentará”. Es cierto que la pensión media puede crecer por otras causas, pero en todo caso será menor que si no se aplicasen las nuevas fórmulas.
También responde las posibles críticas de modelo tecnocrático diseñado por personas ajenas a los votos de la ciudadanía que probablemente recibirá la propuesta. “Aunque el factor de sostenibilidad impone una serie de restricciones que han de cumplirse anualmente para asegurar el equilibrio presupuestario, no impide la actuación del pacto político y social”, apunta. “No sustituye a la soberanía popular, y ni siquiera la erosiona o matiza”, prosigue. Y, a continuación, pasa a justificar por qué dejan margen de maniobra en las fórmulas (años a tener en cuenta, parámetros correctores, cláusulas amortiguadoras o momento de entrada en vigor). La pelota está en el tejado del Gobierno. Fuente: El País

Después de año y medio de negociación no se ha podido llegar a ningún acuerdo con la patronal (ASEMAD)

NUEVAS MOVILIZACIONES DEL SECTOR DE AYUDA A DOMICILIO

El actual convenio de Ayuda a Domicilio se firmó en mayo de 2011 gracias a la movilización y lucha de muchas de las trabajadoras/es de la Comunidad de Madrid.


Después de año y medio de negociación no se ha podido llegar a ningún acuerdo con la patronal (ASEMAD) debido a la intransigencia de esta, cuya única pretensión es rebajar las condiciones económicas en un 10%., subir jornadas y flexibilizarlas, rebajar las prestaciones de la seguridad social y un largo etcétera…lo que implica un recorte de los derechos laborales y sociales que se habían conseguido.

UGT, Federación de Servicios Públicos de Madrid defiende mantener las mismas condiciones firmadas en el convenio sin perder ninguno de los derechos adquiridos que tanto ha costado conseguir. Por este motivo va a convocar diversas movilizaciones, que se concretarán en paros los días 10 y 17 de junio de 12 a 17 h. y concentraciones el día 10 de 13 a 14 h en la Plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento de Madrid y el día 17 de 13 a 14 h en la C/ Espartinas nº 10 , Dirección General de la Dependencia de la Comunidad de Madrid.

UGT continuará con su lucha hasta que la Patronal, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se sienten a negociar reconociendo unos derechos ya adquiridos. También alerta de la incidencia de esta situación en los usuarios de la dependencia, que se sienten desprotegidos ante el deterioro de este importante servicio social debido a la falta de responsabilidad, tanto del Gobierno municipal como de la Comunidad de Madrid para mediar en este conflicto.

Por el empleo y la protección social


miércoles, 5 de junio de 2013

En España se celebrarán manifestaciones, el día 16, en las principales ciudades por un gran consenso por el empleo y la protección social

Semana de Acción Europea en junio para exigir una Europa más social y democrática




El pasado 23 de abril de 2013, el Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) acordó en su reunión responder a la pasividad del Consejo Europeo en materia de empleo y protección social, convocar una semana de movilizaciones en toda Europa, que en España culminarán el 16 de junio con manifestaciones en las principales capitales de provincia.

Será una jornada de movilización social y democrática para reclamar una Europa con fuerte dimensión social y urgentes políticas para reactivar la economía y la creación de empleo.

En nuestro país, a los objetivos de la Jornada Europea, -lucha contra la austeridad, lograr un cambio de rumbo en las políticas económicas europeas-, debemos incorporar el desmantelamiento de servicios públicos como la sanidad, la educación, la dependencia o los servicios sociales, la alta tasa de desempleo, la precariedad de los jóvenes, los dos millones de desempleados que no reciben ninguna prestación y la exigencia de que se devuelva a la política su condición de herramienta al servicio de la ciudadanía.

Nuestras prioridades son:

·  Por un nuevo ‘Programa de Recuperación Europeo’, indispensable para restaurar el crecimiento sostenible y combatir el desempleo. La UE no se reduce a una zona de libre cambio Su objetivo debe ser el pleno empleo y el progreso económico y social

·  Poner fin a los recortes en el gasto público, la protección social y los salarios, porque son injustos, aumentan el desempleo, las desigualdades y la pobreza, y agravan la recesión

·  Apostar por un cambio de modelo productivo. Poner fin a una competitividad basada en bajos salarios y condiciones laborales precarias.

·  Poner el acento en las inversiones para un crecimiento y empleo sostenibles

·  Promover el diálogo social y la negociación colectiva en todos los ámbitos

·  Por una fiscalidad gradual y redistributiva sobre los ingresos y la riqueza y el fin de los paraísos fiscales, la evasión de impuestos, el fraude fiscal, la corrupción y el trabajo no declarado

·  Reforzar las redes de protección social para atender a las personas que peor lo están pasando con la crisis

·  Preservar el consenso sobre nuestro sistema público de pensiones


martes, 4 de junio de 2013

La Plataforma de Empleados Públicos rechaza el Programa Nacional de Reformas

La Plataforma sindical de empleados públicos se ha reunido para valorar la sentencia que abre la vía a larecuperación de la parte devengada de la paga extra por parte del personal funcionario.

Además de este asunto, que las organizaciones sindicales han valorado positivamente y que sienta un precedente importante para la restitución de los derechos salariales de los empleados públicos, FSP-UGT, CCOO y CSI-F han reiterado su petición de la apertura urgente de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicaspara abrir cauces de diálogo que permitan alcanzar un acuerdo para recuperar la parte devengada de la paga extra de navidad de los empleados públicos -requisada de manera retroactiva con la entrada en vigor del real decreto-.

Las organizaciones sindicales han acordado además pedir a la Administración información para levantar un censo que cuantifique las pérdidas de empleo público en nuestro país desde el comienzo de la crisis. Se trata de averiguar además cuántos servicios se han privatizado, dónde se ha reducido empleo público y qué puestos de trabajo han quedado sin reponer.


Sobre el Programa Nacional de Reformas enviado por el Gobierno a la Comisión Europea, Carmen Barrera, secretaria de Acción Sindical de la FSP-UGT, ha manifestado que este programa data del año pasado y el Gobierno lo presenta ahora como nuevo. "El plan es intolerable porque contempla el ahorro exclusivamente mediante la extinción de puestos de trabajo. 

La reforma estrella de este proyecto es la reforma de la Administración Local y calculamos que solamente en este sector 300.000 trabajadores podrán perder su trabajo".

Se abre la vía a la restitución al personal funcionario de un derecho abolido por el RD 20/2012.

FSP-UGT valora positivamente la primera sentencia favorable a la recuperación de la extra a los funcionarios

Con fecha 29 de mayo de 2013, el titular de ese Juzgado ha dictado sentencia, mediante la cual se reconoce la improcedencia de la actuación administrativa llevada a cabo por dicha Administración y el derecho de la trabajadora a solicitar el abono. Esta sentencia, novedosa en esta materia abre el camino a nuevas reclamaciones de dicho personal en defensa de sus intereses.

Esta sentencia abre un precedente en las demandas individuales presentadas por el personal funcionario para recuperar la paga extra que el Gobierno suprimió por decreto en julio de 2012. En este caso, el juez reconoce el derecho al abono de la parte devengada de manera inmediata y firme sin posibilidad de recurso.

Todas estas acciones se encuadran dentro de las actuaciones contra la expropiación de los derechos económicos y laborales, que los empleados públicos están sufriendo y, sin duda, representa un paso importantísimo, dado que la citada sentencia no puede ser objeto de recurso e impone las costas procesales a la citada Administración Pública.

FSP-UGT se congratula de este fallo, que supone otro paso adelante en la restitución de los derechos de los empleados públicos y que abre la vía a la restitución al personal funcionario de un derecho abolido por el RD 20/2012.


La semana pasada se conoció que el Tribunal Constitucional va a estudiar
 la posible ilegalidad del real decreto. El TC también estudiará si cabe o no anular la medida por su carácter retroactivo. 

Sin derechos ni salarios dignos

El Banco de España plantea un modelo semiesclavista, sin derechos, ni sueldos dignos.


“Lo que el Banco de España está planteando es prácticamente sacarnos del modelo social europeo y avanzar hacia un modelo semiesclavista en el que los trabajadores no tengan derechos ni salarios dignos”.

El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha realizado estas declaraciones tras conocer la propuesta del Banco de España de contratar excepcionalmente por debajo del salario mínimo, contenida en su Informe Anual.

Toni Ferrer ha subrayado que, el Banco de España, “viene manifestándose siempre como un centro doctrinario al servicio de las grandes corporaciones empresariales y de las grandes entidades financieras”.

“La institución” ha explicado, “no supo prever ni detectar los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria que nos ha traído a esta situación, en vez de cumplir con sus funciones, que para eso le pagamos todos los ciudadanos, lo único que está planteando es un salto cualitativo, una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral y a la devaluación salarial que está imponiendo la Unión Europea y el Gobierno del Partido Popular en nuestro país”.


“El Banco de España tendría que estar preocupado por la reactivación de la economía, y para eso es fundamental la demanda, en cambio, lo que plantea es devaluar aún más los salarios, lo que va a reducir aún más el consumo y la inversión” ha finalizado.

El próximo día 10 de junio se celebrará el Día Internacional de los Archivos

El próximo lunes 10 de junio las instituciones integrantes de los Archivos del Movimiento Obrero: La Fundación Francisco Largo Caballero, la Fundación Indalecio Prieto y la Fundación Pablo Iglesias, queremos celebrar el día Internacional de los Archivos, que conmemora la creación, el 9 de junio de 1948, del Consejo Internacional de Archivos (CIA) con una jornada de Puertas Abiertas para que todas las personas e instituciones que lo deseen puedan visitar nuestras instalaciones.

El CIA es una institución no gubernamental fundada bajo el auspicio de la UNESCO para defender la conservación y protección del patrimonio documental y reúne a las instituciones archivísticas y profesionales de todo el mundo.

Desde su creación ha tenido como objetivo la elaboración de normas comunes y documentos de buenas prácticas que favorezcan la gestión eficaz de los centros, la difusión de los documentos de archivo y la protección del patrimonio documental.

La jornada de puertas abiertas se desarrollará desde las 10 h hasta las 14:00 h. donde los interesados podrán visitar una exposición con una muestra de los documentos más significativos que poseen las instituciones que integran los Archivos del Movimiento Obrero.
Habrá programadas dos visitas guiadas: A las 11:00 h Y a las 12:30 h.

La Comunidad de Madrid tiene que abonar a todo el personal laboral de la Comunidad de Madrid, la parte proporcional de la paga extra de navidad correspondiente al periodo del 1 de enero al 14 de julio de 2012.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID RECONOCE EL DERECHO DEL PERSONAL LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID A PERCIBIR LA PARTE DEVENGADA DE LA PAGA EXTRA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

TAMBIÉN RECONOCE COMO HECHOS DECLARADOS PROBADOS: QUE EL CONVENIO COLECTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE VIGENCIA PRORROGADA

En el fallo, se estima la demanda presentada por FSP-UGT Madrid reconociendo el derecho del personal laboral del Convenio Colectivo de la Comunidad de Madrid a percibir las cantidades correspondientes al trabajo realizado con carácter previo a la entrada en vigor del RD Ley 20/2012 (en el que se nos quitó la paga extra de navidad).

Es decir, la Comunidad de Madrid tiene que abonar a todo el personal laboral la parte proporcional de la paga extra de navidad correspondiente al periodo del 1 de enero al 14 de julio de 2012.

La materia retributiva, según reconoce el TSJM, se encuentra regulada en los artículos 35 y siguientes del vigente convenio colectivo y en concreto en su artículo 42.

Que el RD Ley 20/2012, no contempla norma alguna de retroacción sobre la parte de la paga extraordinaria que se haya devengado en el momento de su entrada en vigor, 15 de julio de 2012.

Con esta sentencia, se reconoce parte de la demanda efectuada por la FSP- UGT Madrid, en concreto dice: “que debemos estimar y estimamos parcialmente la demanda interpuesta por la FSP UGT MADRID contra la Comunidad Autónoma de Madrid reconociendo el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto, a percibir las cantidades correspondientes a los servicios efectivamente prestados con carácter previo a la entrada en vigor del RD Ley 20/2012, es decir, del periodo comprendido entre los días 1 de enero al 14 de julio del 2012 del importe que corresponda por grupo o nivel profesional para cada trabajador afectado por el Convenio Colectivo”.

Contra esta sentencia cabe RECURSO DE CASACIÓN que se debería presentar en los cinco días siguientes a la notificación de la misma.

Desde la FSP-UGT Madrid, saludamos que una vez más se reconozca el derecho de los empleados públicos a la percepción de su paga extra y al trabajo que desde la Asesoría Jurídica de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores de Madrid, se viene realizando en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.