EL AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR PRIVATIZA LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

La privatización de los Servicios Sociales de Atención Primaria supone la ruptura de la red pública que protege a la población más vulnerable, necesitada y desprotegida del municipio.

El objetivo de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, es el de asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, teniendo cubiertas las necesidades sociales.

Pues bien, desde que en enero de 2001 el municipio de Galapagar se separó de la mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste y comenzó a gestionar directamente sus servicios sociales, han existido multitud de deficiencias en las competencias encomendadas por la Ley y tanto las condiciones laborales como de infraestructuras del Centro de Servicios Sociales de Galapagar han estado siempre por debajo del resto de Centros de la Comunidad de Madrid. 

En el año 2008 se llevó a cabo la privatización del equipo de violencia de género y en 2009 se prescindió de la educadora de familia y de la mediadora intercultural y, finalmente en 2012 se han despedido a más trabajadores cualificados, siendo sustituidos por personal de otros departamentos no relacionados con la atención social primaria y que, están cofinanciándose por el convenio de servicios sociales de la Comunidad de Madrid en un 66%

El Centro de Servicios Sociales de atención primaria de Galapagar, como el de cualquier otro municipio, está suscrito anualmente a un Convenio de la Comunidad de Madrid por el que el Ayuntamiento solo asume un 50% del gasto en programas y el 34% de los gastos de personal.

Desde UGT consideramos una frivolidad la falta de interés de este Equipo de Gobierno por el trabajo de los Servicios Sociales cuyos objetivos tienden a la dignificación de las personas y, entendiendo que un servicio público ha de buscar la eficacia, eficiencia y calidad de la atención a los ciudadanos, con la finalidad de un beneficio social para todos, un servicio privado, tiene como fin último el beneficio económico del prestatario, por lo que ponemos en duda que una gestión privada pueda garantizar en un futuro el abanico de servicios que se llevan a cabo por los empleados públicos con las garantías de profesionalidad, eficiencia e imparcialidad que en la actualidad se dan.

UGT se ha movilizado y seguirá movilizándose en contra de las privatizaciones y por la defensa de los servicios públicos