AJUSTANDO EL DEFICIT

La administración recoloca 'a dedo' al personal de las empresas públicas suprimidas

El proceso de 'adelgazamiento' del sector público emprendido por el Gobierno ha significado la reducción del número de organismos públicos pero no necesariamente del personal empleado, recolocado sin respetar los principios del Estatuto del Empleado Público.

Una de las primeras medidas anunciadas por el Gobierno de Mariano Rajoy fue el 'adelgazamiento' del sector público mediante la supresión de empresas públicas. En enero del año pasado, cuando fue anunciada esta medida, había 4.000 organismos públicos, la mayoría de ellos (2.400) bajo mando de las comunidades autónomas.

El Comité de Empresa del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) ha denunciado esta semana la incorporación “fraudulenta” de empleados de la empresa pública Invest in Spain, una de las sociedades ‘extinguidas’ tras el plan de reducción del Ejecutivo. En total, una treintena de trabajadores de la antigua Invest in Spain han pasado a formar parte de la plantilla del ICEX sin tener en cuenta los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad del Estatuto del Empleado Público.

Invest in Spain fue suprimida en enero del año pasado y sus competencias fueron asumidas por el Instituto de Comercio Exterior siguiendo los decretos promovidos por el Ejecutivo para la reducción del peso del sector público estatal. Desde el Comité de Empresa del ICEX, tachan esta legislación de “fraude” en el sentido de que el personal de los organismos suprimidos se ha incorporado “a dedo” en otros entes y organismos públicos.

El mismo caso se ha dado en las administraciones públicas. Un ejemplo son las empresas turísticas de la Comunidad de Madrid, cuyas competencias se transfirieron a la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura el pasado mes de octubre. Según fuentes de este departamento consultadas por Vozpópuli, muchos empleados de estas sociedades suprimidas, como Turmadrid pasaron a ser personal laboral fijo de la Consejería.

En este caso, “la categoría dependió de los estudios que tenían”, señalan estas fuentes, sin tener en cuenta la categoría previa en la empresa extinguida. “Es decir, si tenías una diplomatura te hacían técnico de nivel B”, explican.
Estas mismas fuentes denuncian como práctica habitual “recolocar a los que estaban enchufados en organismos autónomos o empresas públicas como asesores”. Concretamente, en la Consejería ya citada “hay más asesores que en dos subdirecciones juntas”. “Como no se tienen que publicar esos puestos, no hay información de cuántos hay, qué hacen o cuánto cobran y todo eso es legal”. Fuente:vozpopuli.com