El gobierno del PP tendrá que readmitir o indemnizar con 45 días por año a los 260 despedidos

El TSJA tumba el ERE de Jerez por la selección arbitraria de los despedidos

              Trabajadores municipales protestan frente al Ayuntamiento de Jerez.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado elExpediente de Regulación de Empleo (ERE) ejecutado en septiembre en el Ayuntamiento de Jerez. En la sentencia, la sala de lo Social del alto tribunal andaluz concluye que los 260 despidos aprobados por el gobierno municipal (PP) “no se ajustan a derecho”.

La magistrada ponente da dos opciones al Consistorio: readmitir a los trabajadores municipales “en las mismas condiciones laborales” que tenían y “abonar los salarios atrasados desde el despido hasta la fecha de la resolución”; o indemnizar a los afectados con 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades.

La juez Ana María Orellana confirma lo que ya advirtió por escrito la Inspección de Trabajo antes de que se formalizaran los despidos: la selección de los trabajadores afectados fue subjetiva. La juez es clara en la exposición. “En la aplicación de los criterios se ha incurrido en arbitrariedad, lo que adquiere mayor gravedad dada la condición de Administración pública. En la aplicación del criterio de evaluación continua se ha incurrido en una absoluta arbitrariedad”, remacha Orellana en la sentencia.

Los datos del despido colectivo

• El Ayuntamiento de Jerez, gobernado por la popular María José García Pelayo, anuncia el 30 de marzo de 2012 un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 300 trabajadores

• El gobierno municipal publica el 20 de julio de 2012 el listado de afectados sin explicar los criterios de selección del personal iba a ser despedido

• El Consistorio ejecuta el despido de 260 empleados el 12 de septiembre de 2012 para ahorrar 13,2 millones de euros en el gasto de nóminas

• La Administración jerezana cuenta con 1.700 empleados (después del ERE) y una deuda que asciende a los 1.000 millones de euros.

• El ERE de la plantilla municipal de Jerez se incluye en un plan de ajuste solicitado por el Ministerio de Hacienda para habilitar un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 328 millones de euros para el plan de pago a proveedores

La resolución recoge que el gobierno del PP elaboró la lista de empleados afectados por el ERE “sin pedir el currículum, sin valorar el tiempo de prestación del servicio y sin evaluar la formación académica específica para desempeñar el puesto de trabajo”. Añade que “la valoración fue subjetiva, carente de la aplicación de cualquier parámetro objetivo, sin tener en cuenta ni la competencia técnica, ni la formación, ni la experiencia, ni la polivalencia” de la plantilla. El TSJA resuelve que tampoco hubo “buena fe” en el periodo de consultas.

¿Por qué no se atiende entonces la petición de nulidad total del ERE formulada por los sindicatos? El TSJA entiende que “se ha dado cumplimiento formal a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores”. Es decir, la sala no cuestiona el ERE, sino la subjetividad en su aplicación.

Una vez conocida la sentencia y sin admitir un solo fallo en la tramitación de los despidos, el portavoz del gobierno, Antonio Saldaña, anuncia que el ERE “es necesario” y “seguirá adelante”. En los próximos días el Ayuntamiento pedirá a la sala que aclare si la revocación afecta también a los 125 contratos extinguidos por edad, para, entonces, determinar si es más factible la readmisión o el pago de una indemnización que, según el Consistorio, “se rentabiliza en poco tiempo”.

La sentencia se conoce en un momento muy delicado para el Ayuntamiento de Jerez por los múltiples conflictos que tiene abiertos (huelga en el mantenimiento del alumbrado y en la televisión municipal o nuevos retrasos en las nóminas).

El ERE de Jerez fue polémico desde que se anunció. El gobierno municipal gastó cerca de 60.000 en la contratación de la consultora Deloitte para tramitar despidos de manera “más objetiva”, pero finalmente fue el gobierno el que confeccionó el listado de despedidos sin hacer una baremación escrita “por la tensión y la presión mediática”. En el juicio celebrado en Sevilla en marzo, el gobierno municipal no pudo demostrar que la extinción de los 260 contratos fuera objetiva.

Miembros del gobierno reconocieron en sala que habían seleccionado a parte del personal afectado “por ser más quejica o problemático, según la rumorología”. Algunos delegados municipales evidenciaron en sala que ni siquiera conocían los criterios para determinar qué empleados irían a la calle. Fuente. El País