UGT reclama respeto a la actividad sindical y que no se mezcle con actuaciones delictivas
“Generar el infundio, la calumnia de que los sindicatos nos dedicamos a
captar y promover Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) para cobrar comisiones
ilegales es un nuevo ataque a la acción sindical, a una labor amparada
constitucionalmente, y al esfuerzo voluntario y militante de cientos de miles
de personas en el conjunto del país”, ha manifestado hoy Toni Ferrer,
Secretario de Acción Sindical de UGT, en la rueda de prensa que ha
ofrecido junto con Manuel Pastrana, Secretario General de UGT Andalucía,
hoy en Sevilla.
Ambos han insistido que UGT no promueve ni capta Expedientes de
Regulación de Empleo (EREs), no ha percibido ningún tipo de pago o cobro ilegal
y que actúa en la legalidad en base a la Constitución, la Ley de Libertad
Sindical y del Estatuto de los trabajadores.
Ferrer ha recordado que UGT cumple, en agosto, 125 años de historia,
centrada en la lucha por el empleo y en la defensa intereses trabajadores, “por
eso nos indigna que relacionen a UGT con cualquier tipo de trama delictiva”.
En este sentido, han recordado que el sindicato “no solo se ha personado
desde el principio como acusación sino que ha tomado medidas claras y directas
contra cualquier persona que actuara de forma delictiva”. Y no es algo
aleatorio ni responde al clima mediático, está consagrado en nuestros estatutos
a nivel nacional, federal y autonómico.
Toni Ferrer ha manifestado que UGT no solo respeta la justicia sino que
ofrece la plena colaboración para que se llegue hasta el final, “pero sí que
reclama respeto a la labor sindical, de todos los sindicatos y de este
sindicato en concreto”.
A preguntas de los periodistas, Ferrer y Pastrana han manifestado que
hay total transparencia de las cuentas del sindicato y total disponibilidad para
ponerla a disposición de la jueza, que todavía no se ha dirigido a la
organización para pedirlas.
Tal y como marca el artículo 51 del ET, quien tiene la capacidad de
promoción es el empresario y, con la reforma del PP, también las
Administraciones públicas en el caso del personal laboral.
Los sindicatos exigen la documentación preceptiva (que tiene que
justificar las causas económicas, productivas, organizativas o tecnológicas),
que debe ser examinada por técnicos cualificados: economistas y juristas. Ellos
realizan un informe para verificar si las causas de un ERE son reales. Si son
coyunturales se intenta buscar la viabilidad de la empresa si son irremediables
buscar salidas no traumáticas, evitar despidos.
Ferrer ha señalado que UGT
en el año 2003 advirtió sobre Vitalia, en una circular dirigida a toda la
organización, que este grupo no ofrecía garantías, a raíz de que fue
intervenida su matriz en Cataluña. “Diez años más tarde comprobamos que la
advertencia era cierta y nos preocupa los aseguramientos que han hecho y la
situación en la que van a quedar esos trabajadores”, unos 2.000 ó 3.000 en
España. Fuente:ugt.es
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