EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DESCARTA ABARATAR EL DESPIDO IMPROCEDENTE, TAL COMO PIDE BRUSELAS.

Guindos se resiste a ir más allá de hacer cambios cosméticos en la reforma laboral

La nueva doctrina de Bruselas se basa en poner un mayor énfasis en las reformas, a cambio de abrir la mano con el dato puro y duro de déficit, a la vista de que la obsesión con el cumplimiento de los objetivos fiscales ha metido a Europa de cabeza en una recesión. Y España va a ser la piedra de toque de esa nueva estrategia. La Comisión Europea ha exigido esta semana una amplia batería de reformas a Madrid, a la vista de los retrasos que acumula el Gobierno en varios flancos. Pero el Ejecutivo se resiste en capítulos potencialmente conflictivos: el principal es la reforma laboral, poco más de un año después del durísimo cambio legislativo introducido. 

Fuentes de Economía aseguraron en Dublín que el Gobierno incluirá solo “modificaciones cosméticas”, y descartan rebajar la indemnización por despido improcedente, una de las peticiones explícitas de la Comisión.

El análisis del Gobierno es más complaciente, a pesar de que el desempleo no ha dejado de aumentar desde la puesta en marcha de la reforma laboral, con la tasa de paro acercándose peligrosamente al 27%. Guindos cree que la reforma “ha moderado la destrucción de empleo”, que sin los cambios hubiera sido más profunda. Y confía en que sus efectos “empiecen a notarse cuando vuelva el crecimiento”, algo que el Ejecutivo estima para la segunda mitad de este año pero que Bruselas deja ya para 2014.Tras el Ecofin —la reunión de ministros de Finanzas de la UE—, el español Luis de Guindos aseguró que lo único que pide Bruselas es “un análisis de los efectos de la reforma laboral”, que a su juicio “va en la dirección correcta: moderación salarial, rebaja de los costes laborales y uso más intensivo de los instrumentos de flexibilidad para que las empresas tengan alternativas a los despidos”. Pero la valoración de la Comisión es distinta: Bruselas enfatiza en la necesidad de abaratar el despido improcedente, en la marcada dualidad del mercado laboral (persiste el elevado número de contratos temporales, menos protegidos) y en el hecho de que los salarios han empezado a caer, pero aún deben hacerlo más deprisa. Además, Bruselas certifica que el mercado de trabajo debe reanimarse a través de un impulso a las políticas activas de empleo.

Fuentes de Economía admiten que la gran preocupación de la Comisión, más allá de que la reforma no acabe de cuajar, reside “en la aplicación por parte de los jueces de la legislación”. Uno de los últimos ejemplos es el expediente de regulación de empleo en Telemadrid, 861 despidos que, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, “no se ajustan a derecho”, con lo que el ente público tendrá que readmitir a los trabajadores o pagarles 25 millones más. “Puede que eso exija retoques si la jurisprudencia sigue por esa vía”, según las citadas fuentes.

El Ejecutivo sostiene que para el 26 de abril estará lista la normativa relativa a la autoridad fiscal independiente, la ley de servicios profesionales, la ley de unidad de mercado, las medidas para reducir el déficit tarifario y las relacionadas con la segunda licencia comercial. Todo eso está en línea con lo que pide Bruselas. Las diferencias estriban en este momento en la intensidad de los cambios en la reforma laboral, en una posible subida del IVA reducido (que Hacienda descarta) y en la intensidad de la reforma de pensiones. “Antes del verano tiene que estar lista la reforma para introducir el factor de sostenibilidad en el cálculo de la pensión”, explican fuentes de Economía, que aclaran que a partir de ahora su evolución dejará de estar ligada únicamente al IPC: “Hay que vincular el cálculo a los afiliados a la Seguridad Social, la tasa de paro, a determinadas variables como hacen otros países”. La traducción de esa complicada ecuación no es difícil: a la corta, las pensiones perderán poder adquisitivo.

El Gobierno y Bruselas están en contacto permanente, explicó ayer Guindos, para pactar tanto el plan nacional de reformas como el programa de estabilidad, que se aprobarán en el último Consejo de Ministros de abril. Esas dos medidas son claves para la política económica: de eso depende que Madrid obtenga más margen para el déficit. Para ello, el Ejecutivo tiene que presentar un plan creíble de reformas, a la vista de que no ha cumplido con el calendario previsto: en torno a 40 de las más de 70 medidas a las que se había comprometido vienen con retraso. Fuente: El País