UGT
denuncia la privatización del FOGASA por una deliberada disminución de
plantilla
UGT ha tenido acceso al Plan de Viabilidad de Fogasa, cuyo
objeto fundamental es que los expedientes actualmente acumulados sean
gestionados por una empresa privada a la vista de una insuficiencia de
plantilla. Según dicho Plan la insuficiencia de personal provoca que el Fogasa
sea condenado sistemáticamente al pago de prestaciones indebidas.
Uno de los programas que contempla el Plan es el denominado “Gestión y
Resolución de Expedientes Temporalmente Atrasados” (Programa Greta) que
justifica su existencia en base a la progresiva disminución de la
plantilla, sistema obsoleto de gestión y aumento exponencial de solicitudes.
En este sentido, el Programa partiría con 125.100 expedientes, que serían
gestionados por una empresa privada.
En esta línea, se privatizaría el servicio de atención al beneficiario, a
través del programa Fono. Ambos programas estaría previsto que comenzasen a
funcionar el día 15 de septiembre 2013, según consta en el Plan de Viabilidad.
FSP-UGT ha denunciado
sistemáticamente la falta de personal en FOGASA, y de forma especialmente
intensa en estos últimos cinco años, cuando elnúmero de expedientes ha sufrido un
incremento considerable a consecuencia de la grave crisis económica que
está afectando a empresas y trabajadores.
FSP-UGT lamenta la ausencia de respuesta y de sensibilidad de este
Gobierno, concluyendo, una vez más, que la estrategia asumida con FOGASA así
como con el resto de servicios públicos, es devaluarlos a base de no
incrementar plantillas de personal y de no realizar la correspondientes
inversiones, con el objetivo de mostrarlo como ineficiente ante la ciudadanía
y, de esta forma, justificar su privatización.
El resultado será un deficiente servicio público, a un coste mucho mayor
para el ciudadano con el agravante de que, en el presente caso, se manejarán
por empresas privadas datos personales de los trabajadores, que deberían estar
protegidos, de conformidad con las previsiones del ordenamiento jurídico y, en
consecuencia, gestionados por organismos públicos.
Lo anterior adquiere mayor gravedad, a la vista de las sucesivas
iniciativas que este Gobierno adopta, en la certeza de
que hay un exceso de empleados públicos en la Administración General del Estado.
Entre estas iniciativas, que persiguen reducir el número de profesionales
públicos, está no reponer las bajas vegetativas que se vienen
produciendo salvo en salvo en sectores prioritarios, además de la posibilidad
de ERES en organismos públicos, tal y como se contempla en la normativa
vigente, aprobada también por este Gobierno.
En consecuencia, la contradicción de estas políticas, solo nos conduce a
concluir que, no es tanto la eficiencia y el ahorro lo que se persigue, sino
que el objeto final es una pretendida privatización, que afectará
indudablemente de forma negativa a la garantía de los derechos y libertades de
los ciudadanos, sacrificando, por tanto, el interés común por el beneficio
de unos pocos, en detrimento del bienestar del conjunto de la sociedad.
La estrategia de este Gobierno con FOGASA así como con
el resto de servicios públicos, es devaluarlos a base de no incrementar
plantillas de personal y de no realizar la correspondientes inversiones, con el
objetivo de mostrarlo como ineficiente ante la ciudadanía y, de esta forma,
justificar su privatización
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