Los expertos del Gobierno proponen pensiones más bajas en tiempos de crisis
A punto de acabar su informe sobre la reforma de pensiones, la mayoría de los 12 expertos se inclinan por consagrar legalmente algo que ya ha sucedido en los últimos dos años: que las pensiones pierdan poder adquisitivo en tiempos de crisis, incluso que queden casi congeladas por un largo periodo si la economía va mal durante mucho tiempo, como sucede ahora. Traducción: que en las malas épocas las pensiones sean más bajas.
Ya hace más de un mes que la docena de académicos a los que el Gobierno encargó el diseño del factor de sostenibilidad comenzó sus trabajos. Lo tienen casi listo y hoy, en la reunión que mantendrán, puede quedar cerrado. Consistirá en un doble mecanismo de ahorro para la Seguridad Social: por un lado, desvinculando las pensiones de la marcha de los precios y ligándola a la salud de las cuentas del instituto público; y, por otro, estableciendo que la pensión inicial de los recién jubilados quede encadenada a la esperanza de vida en el momento de retirarse. Así figura en el “borrador, pendiente de los últimos ajustes”, de 43 páginas fechado el pasado 4 de junio, la versión casi definitiva del informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El informe final de los expertos, que probablemente no será asumido por todos los miembros del grupo, se entregará al Ejecutivo una vez se ultime, probablemente hoy. No es descartable, sin embargo, una prórroga de unos días más. Cuando lo reciba, el Gobierno lo remitirá al Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria donde se negocian las reformas de pensiones, y abrirá las conversaciones con los sindicatos y la patronal que ha prometido Rajoy. La reforma final y el momento de su entrada en vigor —“el comité se pronuncia a favor de una aplicación lo más temprana que sea posible y prudente, dentro del periodo 2014-2019”— tiene que estar lista en septiembre, según se ha comprometido el Ejecutivo con la Comisión Europea.El factor de sostenibilidad es un mecanismo de ajuste y contención de gasto en el sistema público de pensiones que se contempló en la última reforma, la que se aprobó en 2011 y entró en vigor este año, que contempla el incremento paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Para definir este factor, que ya funciona en diversos países europeos bajo distintas modalidades, el Gobierno designó un grupo de 12 expertos el pasado abril que ha estado trabajando durante todo el mes de mayo en su diseño.
Una reforma para pensiones presentes y futuras
La principal novedad de la reforma que se avecina, según propone el borrador al que ha tenido acceso este diario, es que afectará tanto a los pensionistas futuros como, sobre todo, a los actuales. Si la propuesta sale adelante en los términos redactados hasta ahora, esto significará que por primera vez una reforma de este tipo se aplica sobre quienes ya son pensionistas en el momento de su entrada en vigor. Hay que tener en cuenta que la actualización anual es el elemento que más contribuye al incremento anual de la factura de las pensiones (una media de 2.000 millones anuales desde los años ochenta, teniendo en cuenta la inflación).
La propuesta no aconseja seguir retrasando la edad legal de jubilación más allá de los 67 años ni anticipar su llegada antes de 2027, ni tampoco modificar o acelerar los cambios en el periodo del cómputo de la pensión ya previstos. En cambio, sí propone una nueva fórmula para actualizarlas cada año. En ella, tendrían un protagonismo fundamental los ingresos y los gastos del sistema, tanto en el ejercicio vigente como en varios anteriores como en posteriores, según las previsiones.
El resultado de esta fórmula en situaciones como la actual puede dar como resultado incluso recortes sobre la pensión y no solo la congelación. Para que eso no suceda, el borrador aconseja “la fijación de una cláusula suelo que impida la caída de las pensiones de quienes ya estén jubilados de momento de aplicar el factor”. Sí que deja abierta la puerta a que eso suceda con quienes se retiren en el futuro. Aunque estudiada con atención la fórmula y leído el borrador se deja un mecanismo en manos del Gobierno de turno para que esto no suceda: aportar más ingresos al sistema a través de los impuestos y no solo por las cotizaciones. Claro que esto, en épocas de estrecheces financieras y con una ley de estabilidad presupuestaria como la vigente no resulta nada sencillo si ese dinero no se retira de otras partidas.
De quedar así la propuesta en la reforma definitiva, esto complicaría enormemente el escenario anual de actualización de las pensiones. El propio informe lo contempla cuando aconseja que “por razones de justicia y de prudencia el factor de revalorización anual debe aplicarse a los pensionistas actuales y futuros en grados y bajo modalidades distintas”. Y todo eso teniendo en cuenta que se hace en el marco de un periodo transitorio de retraso paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 y aumento del periodo de cálculo de las pensiones hasta 25 años en 2022.
Los funcionarios
No se olvida el comité de sabios de los funcionarios y recomienda que también en este caso se ligue la actualización anual de las pensiones de este colectivo a la fórmula propuesta. “Debería considerarse la posibilidad de aplicarse el factor de sostenibilidad diseñado en este informe a dichas pensiones [en referencia a los empleados públicos]”.
En este punto y en esta versión hay retoques sobre el borrador anterior, adelantado por EL PAÍS. En él se proponía que si en épocas de bonanza de la aplicación de la fórmula resultara un aumento de pensiones significativo, se estableciera un límite en el índice de precios al consumo. Esta vez ha desaparecido este límite. Se abre así la posibilidad de que en los años de crecimiento se pueda compensar el sacrificio de las crisis.
El factor de sostenibilidad que propone el comité contempla un segundo mecanismo de ajuste: la vinculación de la primera pensión del jubilado a la esperanza de vida al retirarse. Esto se traduce en una merma de las pensiones futuras como admite el propio borrador: “implica un ajuste a la baja en el cálculo de la pensión inicial, aunque en magnitudes del 5% cada 10 años”.
De no sufrir modificaciones sustanciales en estos dos puntos durante las negociaciones políticas y sociales, España pasaría a ser el primer país europeo con un doble mecanismo automático de ajuste y contención de gasto en el sistema de pensiones: uno sobre la pensión inicial, basado en un elemento demográfico, y otro sobre la actualización anual, asentado en la coyuntura económica.
Cambios más allá de la pensión
Aunque no cae estrictamente dentro de sus propuestas, el comité también señala que caben otros cambios en el sistema como cambiar al “considerar las cotizaciones de toda la vida laboral”. De hecho, afirma que este mecanismo “no sustituye la necesidad de otras reformas internas del propio sistema para mejorar su eficiencia y equidad”.
Conscientes de la impopularidad de la propuesta, aunque el objetivo sea la “sostenibilidad del sistema público de pensiones”, el borrador está redactado en tono defensivo. “El factor de sostenibilidad no es sinónimo de recorte”, defiende el borrador. Y argumenta: “A medio y largo plazo, la pensión media representará un porcentaje menor del salario medio, sin embargo, la pensión media real aumentará”. Es cierto que la pensión media puede crecer por otras causas, pero en todo caso será menor que si no se aplicasen las nuevas fórmulas.
También responde las posibles críticas de modelo tecnocrático diseñado por personas ajenas a los votos de la ciudadanía que probablemente recibirá la propuesta. “Aunque el factor de sostenibilidad impone una serie de restricciones que han de cumplirse anualmente para asegurar el equilibrio presupuestario, no impide la actuación del pacto político y social”, apunta. “No sustituye a la soberanía popular, y ni siquiera la erosiona o matiza”, prosigue. Y, a continuación, pasa a justificar por qué dejan margen de maniobra en las fórmulas (años a tener en cuenta, parámetros correctores, cláusulas amortiguadoras o momento de entrada en vigor). La pelota está en el tejado del Gobierno. Fuente: El País
