La condiciones que
constan en los pliegos que se han hecho públicos en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, más que exigencias de la Administración a las empresas
adjudicatarias para proteger un servicio esencial para la población parecen
encaminadas a asegurar el beneficio de estas empresas privadas, que además se les
ofrecen varias posibilidades si el negocio no va como debiera, la de renunciar
temporalmente a la gestión y retomarla posteriormente (ya lo han hecho con el
hospital de Alzira, que se rescata, se sanea y se devuelve) la de modificar las condiciones del contrato, previa
aceptación del órgano de contratación, o la de asumir la gestión y cederla
posteriormente a un tercero a partir del año 2015.
Otras condiciones
rechazables para la FADSP:
1. Atención no universal:
El objeto del contrato es la asistencia sanitaria de
la población protegida, es decir de
las personas que sean titulares de las Tarjetas Sanitarias Individuales en el
ámbito territorial de la concesión.
Además se atenderán los pacientes asegurados que
acudan por libre elección, que se facturarán de forma independiente y los pacientes
que acudan con carácter privado en
casos de asistencia urgente o de “otros casos que se deriven de la aplicación de
la normativa estatal vigente”
No consta sin embargo que deban atenderse a los pacientes sin tarjeta sanitaria, ni tan siquiera para la asistencia en
urgencias, como marca la ley. Parece que no les importunará
ningún joven sin tarjeta ni emigrante sin papeles.
2. Atención
increíblemente cara
El coste total de la
concesión a 10 años suma 5.540.615.914 euros y el canon no sanitario 880 millones (88
millones de euros/año) así que el coste
total de estos hospitales en 10 años es de 6420 millones de euros, 642
millones año, como ya habíamos adelantado desde la FADSP.
Las camas funcionantes
de los 6 hospitales suman 1052, según consta en el documento, así que el coste/cama total es de 610.266 euros
el más alto de todos los hospitales del SNS.
La población protegida
es de 1.068.674 personas, con lo que el
canon per cápita alcanza los 600,7 euros/año, frente a los supuestos 441
euros que había “calculado” el consejero Lasquetty para justificar esta
privatización, 36% superior.
-Debemos recordar que
el canon del hospital de Alzira se ha incrementado un 200% desde el acuerdo
inicial y el propio Fabra, presidente de la Comunidad Valenciana ha recomendado
a Ignacio González no extender este modelo en Madrid por las consecuencias
negativas sobre el sistema, pero el presidente madrileño no solo lo ha copiado
sino que incluso lo ha “superado” ya que el coste/cápita de Alzira es discretamente
superior, 639 euros/habitantes, pero incluye la Atención Primaria de su
población de referencia.
3. El pago capitativo se actualizará
automáticamente con el 85% del IPC,
así que estos hospitales, al contrario que los públicos, no se verán afectados
por los recortes.
4- Donaciones públicas a las empresas privadas
La CAM cede a las
empresas adjudicatarias los equipos de alta tecnología diagnóstica de los
hospitales privatizados, con un valor de mercado de más de 21 millones de
euros, por tan solo 8 millones de euros. Ninguno de estos equipos supera los 5
años de antigüedad y su vida útil ronda los 12 años, lo que supone que han
amortizado únicamente el 40% de su valor, sin embargo los pliegos descuentan una amortización muy
superior, de 63%, lo que supone una donación a las empresas concesionarias de
4,7 millones de euros (tabla I)
Tabla I
Alta tecnología
|
|||
Valor Adquisición
(euros)
|
Amortización
acumulada (euros)
|
Valor contable
(euros)
|
|
Infanta Sofía
|
5.524.097,35
|
3.053.020,88
|
2.471.076,47
|
Infanta leonor
|
4.670.028,08
|
3.059.963,38
|
1.610.064,70
|
Infanta Cristina
|
3.015.330,76
|
1.980.359,24
|
1.034.971,52
|
Tajo
|
2.538.767,74
|
1.685.354,63
|
853.413,11
|
Sureste
|
3.018.779,49
|
1.966.051,21
|
1.052.728,28
|
Henares
|
2.993.335,17
|
1.978.148,32
|
1.015.186,85
|
Total
|
21.760.336
|
13.722.895 (Incrementada
|
8.037.438
|
5. Hospitales muy ineficientes
Las estancias originadas
en los 6 hospitales en 2011 (último año del que se ofrece información en los
pliegos) suman 309.943 para un canon total de 642 millones de euros, lo que supone un coste de 2071 euros/estancia
frente a los de 678,63 euros de coste medio de la estancia en los hospitales de
la CAM tres veces más cara en estos hospitales
privatizados.
Tomando en
consideración factores de eficiencia más actuales como la tasa de Cirugía mayor
ambulatoria (CMA) comprobamos que la media de ambulatorización de estos
hospitales es de 41% (tabla II) no muy distinta de la de los hospitales públicos del SNS, de 39% a pesar de que los hospitales privatizados intervienen quirúrgicamente a
pacientes menos complejos y menos graves.
Tabla II
Hospital
|
I. Sofía
|
I. Leonor
|
Sureste
|
Tajo
|
Henares
|
I. Cristina
|
Total
|
Estancias 2011
|
74560
|
75088
|
35917
|
27337
|
54620
|
42421
|
309.943
|
Cirugía con ingreso
|
4473
|
4803
|
2304
|
1827
|
3666
|
8994
|
26067 (59%)
|
CMA
|
2982
|
3651
|
2932
|
1764
|
3340
|
3599
|
18268 (41%)
|
6. El objetivo no es, por tanto, la eficiencia sino la “La araña negra”
Ya que siempre son
las mismas empresas privadas formando una tupida red de intereses y que ya han
logrado
-El control de la información
Los pliegos “obligan”
a la empresa concesionaria a aplicar la libre elección de médico y de hospital,
para ello tienen un buen apoyo en el Call-Center y en el CAP (centro de
Atención personalizada) Este operativo de información y gestión de citas de la CAM es de Indra y el principal accionista
de Indra es Bankia (Ribera salud)
Güemes adjudica a
Indra el CAP por un “precio temerario” de 26,7 millones de euros frente a los
40 millones inicialmente presupuestados por la consejería, porque la empresa cree
que compensará estas pérdidas, ya que teóricamente la gestión de las citas permite,
una vez privatizados los hospitales, la selección de riesgos desde el primer
contacto del paciente. La central de llamadas puede derivar la cita al centro privado
vinculado o al centro público, según la patología o las condiciones del
paciente.
Indra pretende además
gestionar otros servicios on-line como
el seguimiento de crónicos y otros tipos de telemedicina que puedan suponer
nuevas oportunidades de negocio y junto a la consultora PWC realiza el
mantenimiento de los sistemas de información y de la historia clínica
electrónica de la CAM.
-El laboratorio central de Madrid (LCM)
El contrato de la CAM
con el LCM está todavía vigente. La UTE liderada por Ribera salud gana inicialmente
el concurso del LCM por 125 millones de
euros, un precio que la Asociación de
Profesionales de Laboratorios Públicos consideró “temerario” por excesivamente
barato. La consejería de Güemes ofrecía 173 millones.
Un año después
Aguirre y Güemes deciden cerrar tres laboratorios públicos “competidores” y
cede las pruebas analíticas al laboratorio privado.
Posteriormente
Unilabs, que pertenece a Capio, compra el 55% de estos laboratorios, que
actualmente gestiona junto a Ribera salud “así que todo queda en casa”
No es de extrañar el
fichaje del consejero Güemes en el LCM al abandonar su cargo como pago por los
servicios prestados, al actuar como ejecutivo de la empresa privada y no como
el responsable de la sanidad pública que su cargo le exigía.
Unilabs también
gestiona el laboratorio de Torrejón de Ardoz y de los hospitales de gestión
privada de la Comunidad Valenciana, Denia, Torrevieja y Elche y quiere abrir
una línea de genómica, un centro de Imagen Médica y un gran centro de reproducción
asistida, uno de los servicios que parece que no cubrirá el sistema público de
salud.
7.
La desprotección de los datos sanitarios
de la población madrileña:
El adjudicatario deberá
respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso
con ocasión de la ejecución del contrato, pero el plazo durante el cual deberá
mantener este deber será únicamente de 5
años
8. Los pliegos indican
que la empresa que deberá contratar la adjudicataria del concurso para evaluar
la calidad de la asistencia es EFQM vinculada a la consultora PWC
9. La
mercantilización de los hospitales privatizados
La
participación en el Accionariado de un 30% de profesionales de los centros priorizará
los valores del mercado sobre los de la asistencia sanitaria en la gestión de
estos hospitales. Las empresas que
cumplan este requisito obtendrán 150 puntos extra y tendrán más posibilidades de conseguir la
concesión. Esto les permitirá obtener
efectivo, principal objetivo de esta condición, para tratar de incrementar la
maltrecha solvencia de las empresas que se diputan la sanidad pública
madrileña:
Bankia ha sido rescatada con
miles de millones de euros de dinero público y no parece posible que pueda
acreditar solvencia suficiente para optar a la gestión de estos hospitales. El
Nuevo hospital de Vigo que está paralizado porque Ribera salud es incapaz de conseguir
el crédito necesario para continuar la obra.
Indra está sobrevalorada ya
que la empresa vendió posibilidades no hechos reales y sus beneficios están en
caída libre. Bankia pretende deshacerse de ella pero no encuentra comprador.
Capio ha sido incapaz de poner
en funcionamiento el hospital de Collado Villalba, sería inexplicable que el
gobierno le conceda la gestión de cualquier otro hospital público madrileño.
10.
Profesionales en riesgo de despido y sin derecho a huelga:
Las empresas adjudicatarias contratarán al
personal, pero seguramente hasta que ciertas condiciones les permitan reducir
la plantilla. La situación empresarial descrita previamente hace sospechar el
anuncio de un ERE más pronto que tarde.
En todo caso el derecho a la huelga no está totalmente
garantizado dado que, según consta en los pliegos “En el supuesto de huelga que afecte a la prestación de los
servicios sanitarios, el adjudicatario estará obligado a ofrecer las soluciones
que garanticen los servicios mínimos, pero
si no ofreciera dichas soluciones, la Administración Sanitaria podrá contratar
el personal que sea necesario para cubrir la asistencia, a cuenta de la
empresa.
Consideraciones finales
La decisión de privatizar la
sanidad madrileña ha sido orquestada por el gobierno de Aguirre, a base de
decisiones y acciones llevadas a cabo desde varios frentes, con el objetivo de
desmantelar el sistema sanitario público, trocearlo y privatizarlo para luego
fundirlo bajo la gestión de un monopolio empresarial constituido por un grupo
de empresas y fondos de inversión vinculados.
El descrédito de la atención
sanitaria pública era un objetivo prioritario y ya comienza con el caso Leganés,
protagonizado por el inefable exconsejero y actual directivo de la sanidad
privada, Manuel Lamela. González y Güemes primero y Lasquetty después, han sido
nombrados para finalizar el trabajo encomendado por la expresidenta. Pero las
cosas se han complicado.
Los pliegos de condiciones
aprobados por el gobierno de González son tremendamente lesivos para la sanidad
pública y para la población madrileña
más enferma y desprotegida y menos “interesante” para estas empresas, porque su objetivo no es otro que mejorar al
máximo las condiciones e incluso facilitar el rescate si fuera necesario para
convencer a las empresas a que se lancen a una operación sin futuro.
Las movilizaciones de los
profesionales y de la población de la CAM, que se ha volcado en la defensa de
su sanidad pública y contra su privatización y las imputaciones judiciales que
planean sobre muchas de las decisiones tomadas complican todavía más la
situación de esta privatización sanitaria.
Desde la FADSP consideramos
que la privatización de los hospitales públicos de Madrid es una decisión ilegítima,
irracional e insostenible, cuyo único objetivo es mercantilizar la asistencia e
incrementar los beneficios de empresas fuertemente vinculadas entre sí y con el
partido gobernante y evitar otro estrepitoso fracaso político del Partido
Popular.
