LOS DUEÑOS DEL GIGANTE DE LA SANIDAD PRIVATIZADA SE OCULTAN EN LAS CAIMAN
Situada en el ojo del huracán desde
que el Gobierno de Madrid anunció en otoño su decisión de privatizar otros seis
hospitales, la empresa Capio parte como favorita en el nuevo proceso de
“externalización” auspiciado por el PP. Gestora ya de cuatro hospitales
integrados todos ellos en la red del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), el
gigante de la sanidad público-privada ha permanecido hasta ahora inmune a las
protestas. Y, sobre todo, ha permanecido protegido por una enrevesada
estructura societaria internacional de la que solo se conocía una parte:
aquella que conduce a Luxemburgo. Pero el hilo, y así lo
acreditan los documentos oficiales a los que ha tenido acceso infoLibre,
llega hasta un territorio aún más opaco y considerado paraíso fiscal por España
hasta 2005: las Islas Caimán.
Es allí donde tienen su sede las cinco filiales de CVC que, en última instancia, dominan Capio. Pero la verdadera incógnita sigue en pie: la de quiénes, con nombres y apellidos, están tras esas cinco empresas de papel cuya única misión es la tenencia de valores de otras compañías.
No hay explicaciones de Capio sobre el hecho insólito de que el principal operador privado de sanidad esté en manos de sociedades instrumentales con sede en un paraíso fiscal. Por indicación de los asesores de comunicación del grupo y una vez rechazada la petición de entrevista, este diario envió a Capio un cuestionario que incorporaba la siguiente pregunta: ¿qué personas físicas o jurídicas integran cada una de esas sociedades de las Islas Caimán? El miércoles por la tarde, Capio remitió la siguiente respuesta: "Esta última sociedad [la luxemburguesa propiedad de las empresas domiciliadas en las Caimán] es propiedad de fondos asesorados por CVC Capital Partners y del equipo directivo de Capio. La situación accionarial fue puntualmente notificada a la Comisión Europea”.
Pese a la vaguedad de la respuesta, se infiere de ella que el médico Víctor Madera, mascarón de proa mediático del grupo y artífice del grupo ahora dominado por CVC, y los miembros de su equipo tienen acciones en el archipiélago caribeño. Dado que Capio sostiene que el equipo directivo tiene “cerca del 40%” en el accionariado del grupo, la incógnita persiste: ¿qué personas o sociedades controlan el 60% restante? No hay respuesta. Intentar desentrañar el accionariado de una empresa domiciliada en las Islas Caimán constituye una misión imposible. La historia reciente de las investigaciones sobre corrupción demuestra cómo la colonia británica da largas incluso a los jueces que solicitan información en cumplimiento de los acuerdos internacionales de cooperación judicial.
La participación accionarial de Víctor Madera y de otro directivo del grupo, Juan Carlos González Acebes, queda acreditada por los documentos de los Registros Mercantiles de España y Luxemburgo. Pero ni está claro cuál es su porcentaje real ni resulta fácil inferirlo. Los documentos de las distintas sociedades que forman parte del engranaje reseñan operaciones de canje de títulos protagonizadas por Madera y González Acebes.
Cuatro países 22 empresas
Capio no ha explicado por qué un grupo empresarial dedicado a un negocio tangible como la gestión privada de la sanidad pública y en teoría ajeno a grandes beneficios económicos necesita parapetarse tras una red de sociedades en su mayoría limitadas.
La complejidad de la trama empresarial es tal que para llegar de España a las Caimán hay que pasar antes por cuatro compañías instrumentales domiciliadas en Holanda y Luxemburgo. La red sigue complicándose hacia abajo: su cabecera en España es Capio Sanidad Holding SL, de la que cuelgan otras 12 sociedades, todas ellas participadas al 100% salvo una en la que el grupo dice poseer el 50%.
En total, el grupo opera, con fines instrumentales, en cuatro territorios -España, Holanda, Luxemburgo y la colonia británica de las Caimán- a través de nada menos que 22 sociedades. De ellas, al menos 10 poseen mero carácter instrumental. Es decir, todas salvo las que realmente tienen asociada su existencia a la gestión de centros sanitarios o residenciales concretos.
El secreto mejor guardado
La conexión entre Capio y las Islas Caimán, una colonia célebre como santuario de capitales de oscura procedencia, era el secreto mejor guardado por la compañía, la más mimada por los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González y que en 2012 facturó 562,6 millones de euros.
Tan sigilosamente se ha preservado el dato relativo a las Islas Caimán que, de hecho, la versión oficial del gigante sanitario sobre sus dueños reales siempre ha apuntado a la existencia de una multiplicidad de accionistas difícil o imposible de identificar.
Pero los papeles del Registro de Comercio de Luxemburgo sugieren que en el último escalón de la enrevesada trama societaria, es decir, tras cada una de las cinco filiales del fondo británico CVC domiciliadas en la capital del archipiélago caribeño de las Caimán, Georgetown, hay personas jurídicas –empresas- o físicas perfectamente reconocibles si Capio accediera a levantar el velo de su compleja estructura empresarial de muñeca rusa.
El dato que apunta en esa dirección es el siguiente: el capital no se distribuye a partes iguales, como ocurriría si el origen del dinero fuera aleatorio y la creación de distintas filiales obedeciera a razones de mera eficacia.
Todo lo contrario, cada una de las cinco sociedades domiciliadas en las Caimán y bautizadas como CVC European Equity Partners V LP (cada una añade a su denominación una letra, de la A a la E) ostenta un número distinto de acciones en la empresa luxemburguesa que aparece en el penúltimo eslabón societario Capio: HCI Holdings Sàrl. Lo anterior sugiere que hay accionistas concretos, con nombres y apellidos, que han decidido por sí mismos cuánto quieren invertir en el pujante negocio de Capio.
Ventajas fiscales
De las cinco sociedades de Caimán que constituyen el único eslabón conocido del grupo, la de mayor peso es la bautizada como CVC European Equty Partners V ( C ) LP, cuyos derechos accionariales suman en HCI Holdings Sàrl el 32,74% del capital social de la compañía luxemburguesa. La de menor peso accionarial es la filial caribeña marcada con la letra D: sus titulares reales copan solo el 2,32% del capital de HCI Holdings Sàrl.
Expertos en estructuras financieras consultados por infoLibre sostienen que la creación de series complejas de sociedades encadenadas suele responder a dos objetivos: el primero y esencial, ocultar la identidad de los verdaderos inversores y beneficiarios; el segundo, construir una retícula de aportaciones cruzadas y préstamos que pueden repercutir luego en una minoración de impuestos para cada una de las piezas.
.
Apoyo político
De momento, la mayor ventaja obtenida por Capio no es de signo tributario sino político: la que le proporciona el apoyo del Ejecutivo madrileño, que lleva meses aferrado a una afirmación que ni siquiera ha intentado demostrar, la de que la gestión privada de los hospitales y centros de salud entraña un menor gasto público. Pero no solo no ha aportado por iniciativa propia ningún papel que permita verificar esa afirmación sino que, en contra la promesa lanzada en diciembre por el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, el Ejecutivo madrileño continúa negando a los grupos de la oposición parlamentaria la información pormenorizada del presupuesto sanitario ejecutado cada año. La ausencia de datos verificables no ha impedido a Lasquetty remachar como un axioma que la gestión privada rebaja el coste desde los 600 euros a 441 euros por habitantes.
Frente al silencio gubernamental, tanto la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) como la Asociación de Facultativos, líder de las protestas de los últimos meses, han difundido estudios cuyas cifras indican que, lejos de producir una merma de gasto, la “externalización” lo encarece. Fuente:infolibre.es
Es allí donde tienen su sede las cinco filiales de CVC que, en última instancia, dominan Capio. Pero la verdadera incógnita sigue en pie: la de quiénes, con nombres y apellidos, están tras esas cinco empresas de papel cuya única misión es la tenencia de valores de otras compañías.
No hay explicaciones de Capio sobre el hecho insólito de que el principal operador privado de sanidad esté en manos de sociedades instrumentales con sede en un paraíso fiscal. Por indicación de los asesores de comunicación del grupo y una vez rechazada la petición de entrevista, este diario envió a Capio un cuestionario que incorporaba la siguiente pregunta: ¿qué personas físicas o jurídicas integran cada una de esas sociedades de las Islas Caimán? El miércoles por la tarde, Capio remitió la siguiente respuesta: "Esta última sociedad [la luxemburguesa propiedad de las empresas domiciliadas en las Caimán] es propiedad de fondos asesorados por CVC Capital Partners y del equipo directivo de Capio. La situación accionarial fue puntualmente notificada a la Comisión Europea”.
Pese a la vaguedad de la respuesta, se infiere de ella que el médico Víctor Madera, mascarón de proa mediático del grupo y artífice del grupo ahora dominado por CVC, y los miembros de su equipo tienen acciones en el archipiélago caribeño. Dado que Capio sostiene que el equipo directivo tiene “cerca del 40%” en el accionariado del grupo, la incógnita persiste: ¿qué personas o sociedades controlan el 60% restante? No hay respuesta. Intentar desentrañar el accionariado de una empresa domiciliada en las Islas Caimán constituye una misión imposible. La historia reciente de las investigaciones sobre corrupción demuestra cómo la colonia británica da largas incluso a los jueces que solicitan información en cumplimiento de los acuerdos internacionales de cooperación judicial.
La participación accionarial de Víctor Madera y de otro directivo del grupo, Juan Carlos González Acebes, queda acreditada por los documentos de los Registros Mercantiles de España y Luxemburgo. Pero ni está claro cuál es su porcentaje real ni resulta fácil inferirlo. Los documentos de las distintas sociedades que forman parte del engranaje reseñan operaciones de canje de títulos protagonizadas por Madera y González Acebes.
Cuatro países 22 empresas
Capio no ha explicado por qué un grupo empresarial dedicado a un negocio tangible como la gestión privada de la sanidad pública y en teoría ajeno a grandes beneficios económicos necesita parapetarse tras una red de sociedades en su mayoría limitadas.
La complejidad de la trama empresarial es tal que para llegar de España a las Caimán hay que pasar antes por cuatro compañías instrumentales domiciliadas en Holanda y Luxemburgo. La red sigue complicándose hacia abajo: su cabecera en España es Capio Sanidad Holding SL, de la que cuelgan otras 12 sociedades, todas ellas participadas al 100% salvo una en la que el grupo dice poseer el 50%.
En total, el grupo opera, con fines instrumentales, en cuatro territorios -España, Holanda, Luxemburgo y la colonia británica de las Caimán- a través de nada menos que 22 sociedades. De ellas, al menos 10 poseen mero carácter instrumental. Es decir, todas salvo las que realmente tienen asociada su existencia a la gestión de centros sanitarios o residenciales concretos.
El secreto mejor guardado
La conexión entre Capio y las Islas Caimán, una colonia célebre como santuario de capitales de oscura procedencia, era el secreto mejor guardado por la compañía, la más mimada por los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González y que en 2012 facturó 562,6 millones de euros.
Tan sigilosamente se ha preservado el dato relativo a las Islas Caimán que, de hecho, la versión oficial del gigante sanitario sobre sus dueños reales siempre ha apuntado a la existencia de una multiplicidad de accionistas difícil o imposible de identificar.
Pero los papeles del Registro de Comercio de Luxemburgo sugieren que en el último escalón de la enrevesada trama societaria, es decir, tras cada una de las cinco filiales del fondo británico CVC domiciliadas en la capital del archipiélago caribeño de las Caimán, Georgetown, hay personas jurídicas –empresas- o físicas perfectamente reconocibles si Capio accediera a levantar el velo de su compleja estructura empresarial de muñeca rusa.
El dato que apunta en esa dirección es el siguiente: el capital no se distribuye a partes iguales, como ocurriría si el origen del dinero fuera aleatorio y la creación de distintas filiales obedeciera a razones de mera eficacia.
Todo lo contrario, cada una de las cinco sociedades domiciliadas en las Caimán y bautizadas como CVC European Equity Partners V LP (cada una añade a su denominación una letra, de la A a la E) ostenta un número distinto de acciones en la empresa luxemburguesa que aparece en el penúltimo eslabón societario Capio: HCI Holdings Sàrl. Lo anterior sugiere que hay accionistas concretos, con nombres y apellidos, que han decidido por sí mismos cuánto quieren invertir en el pujante negocio de Capio.
Ventajas fiscales
De las cinco sociedades de Caimán que constituyen el único eslabón conocido del grupo, la de mayor peso es la bautizada como CVC European Equty Partners V ( C ) LP, cuyos derechos accionariales suman en HCI Holdings Sàrl el 32,74% del capital social de la compañía luxemburguesa. La de menor peso accionarial es la filial caribeña marcada con la letra D: sus titulares reales copan solo el 2,32% del capital de HCI Holdings Sàrl.
Expertos en estructuras financieras consultados por infoLibre sostienen que la creación de series complejas de sociedades encadenadas suele responder a dos objetivos: el primero y esencial, ocultar la identidad de los verdaderos inversores y beneficiarios; el segundo, construir una retícula de aportaciones cruzadas y préstamos que pueden repercutir luego en una minoración de impuestos para cada una de las piezas.
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Apoyo político
De momento, la mayor ventaja obtenida por Capio no es de signo tributario sino político: la que le proporciona el apoyo del Ejecutivo madrileño, que lleva meses aferrado a una afirmación que ni siquiera ha intentado demostrar, la de que la gestión privada de los hospitales y centros de salud entraña un menor gasto público. Pero no solo no ha aportado por iniciativa propia ningún papel que permita verificar esa afirmación sino que, en contra la promesa lanzada en diciembre por el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, el Ejecutivo madrileño continúa negando a los grupos de la oposición parlamentaria la información pormenorizada del presupuesto sanitario ejecutado cada año. La ausencia de datos verificables no ha impedido a Lasquetty remachar como un axioma que la gestión privada rebaja el coste desde los 600 euros a 441 euros por habitantes.
Frente al silencio gubernamental, tanto la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) como la Asociación de Facultativos, líder de las protestas de los últimos meses, han difundido estudios cuyas cifras indican que, lejos de producir una merma de gasto, la “externalización” lo encarece. Fuente:infolibre.es
