LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA: 

UN ATENTADO CONTRA LA DEMOCRACIA

La Federación de Servicios Públicos de UGT considera que la Ley de Seguridad Privada aprobada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, con competencias legislativas plenas, implica un “nuevo ataque del Gobierno del PP a nuestra democracia”.

La Ley dinamita el concepto de Seguridad Pública atribuida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en exclusiva, ya que, a partir de ahora, sus funciones podrán ser ejercidas por la seguridad privada. Esta nueva concepción de la Seguridad ratifica el dicho “el que quiera seguridad que se la pague” con lo que extensas capas de la población estarán desamparadas y a merced de la delincuencia. “El Gobierno del Partido Popular renuncia con esta ley a seguir concibiendo la seguridad como un derecho público e igual para todos.

Con la citada ley en la mano los vigilantes del ámbito privado sustituirán progresivamente a policías nacionales, guardias civiles, policías autonómicos y policías locales, en calles y espacios públicos, tras el acuerdo alcanzado entre PP y CiU, que amplía el anteproyecto inicial que recogía esta posibilidad para calles peatonales.

Los vigilantes privados también podrán detener, cachear e identificar a los ciudadanos en espacios públicos y podrán encargarse de la seguridad del recinto exterior de las prisiones en detrimento de la Guardia Civil que ejercía estas funciones hasta ahora.

Las grandes empresas privadas de seguridad, muchas de ellas con íntimas relaciones con el Partido Popular, ya lo están celebrando, resultan enormemente beneficiadas por esta ley.

Jueces, fiscales y catedráticos, junto con UGT y CCOO, han explicado su rechazo las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal que plantea el Gobierno, que pretende restringir el ejercicio de derechos fundamentales.