Los datos de paro correspondientes al mes de febrero muestran un aumento de 59.444 desempleados respecto al mes anterior, situando la cifra total de parados en 5.040.222. Cuando acaba de cumplirse un año de la aprobación de la reforma laboral, los datos son estremecedores, ya que ha multiplicado la destrucción de empleo, ha provocado mayor desigualdad en el mercado de trabajo y ha fomentado la proporción de trabajadores en condiciones precarias y con menos derechos sociales y laborales. Además, el Gobierno ha perdido una valiosa oportunidad para estimular la creación de puestos de trabajo con la aprobación de las medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y a la creación de empleo, que se sustentan en los principios regresivos de la reforma laboral. Para UGT, nuestro país debe recuperar la centralidad en el empleo, y eso pasa por otras políticas, consensuadas, que tengan como objetivo primordial la recuperación económica y del empleo y que estén sustentadas en la cohesión y la igualdad social. Es hora de configurar sin demora una estrategia realista y eficaz basada en el empleo y en el Estado de Bienestar.
Según los últimos datos publicados hoy por los Servicios Públicos de Empleo (SPE), el número de personas registradas como desempleadas asciende a 5.040.222, lo que supone un aumento de 59.444 parados en relación con el mes anterior (un incremento del 1,19% en términos relativos). En el último año, el número de personas desempleadas se ha incrementado en 328.124, lo que supone un aumento del 6,96%.
Distinguiendo según género, el desempleo aumenta en el último mes tanto entre los hombres, que suman 30.796 parados más (un 1,25%), como entre las mujeres, para las que aumentó en 28.648 personas (un 1,14%). En términos anuales, los datos son igualmente negativos, habiéndose incrementado el paro masculino en 150.362 personas (un 6,39%) y en 177.762 el paro femenino (un 7,54%).
Entre los jóvenes (menores de 25 años), el desempleo se incrementa en 16.026 personas (un 3,46%), aunque se reduce en 21.976 personas si lo comparamos con los desempleados en febrero de 2012. Por su parte, el número de parados mayores de 25 años se incrementa en 43.418 personas (un 0,96%) en el último mes y en 350.100 personas (8,32%) en el último año.
Por lo que respecta a los extranjeros, el número de desempleados se eleva en términos mensuales en 5.591 personas (un aumento del 0,9%), mientras que si lo comparamos con el año anterior se recoge una caída del 4,2%, lo que supone 27.517 desempleados menos.
Por sectores de actividad, el paro registrado se incrementa en todos ellos. El mayor incremento relativo se produce en la agricultura, donde aumenta un 3,93% respecto al mes anterior (7.987 desempleados más), seguido del sector servicios donde aumenta en 39.788 personas (un 1,28%), la industria, donde sube en 1.581 personas (un 0,29%), y de la construcción, donde se incrementa un 0,18%, es decir, en 1.377 desempleados más. En la comparación con el mes de febrero de 2012, el desempleo crece en todos los sectores menos en la construcción: un 29,18% en agricultura (47.704 parados más), un 3,28% en la industria (17.555 desempleados más) y un 12,05% en los servicios (337.922 parados más). Por su parte, en la construcción se registran 47.245 parados menos (-5,85%) que en febrero de 2012.
Por otra parte, el número total de contratos registrados en el mes de febrero se reduce un 4,05% con respecto al mismo mes del año 2012, situándose en 949.844 contratos. Si lo comparamos con los registrados en el mes anterior, los contratos registrados se reducen un 13,79%, lo que supone que se firman 151.975 contratos menos. Del número total de contratos registrados en febrero de 2013, sólo el 9,64% son de carácter indefinido (91.584), habiéndose registrado, además, una reducción del 8,97% de estos. Entre los indefinidos, caen en el último mes tanto los que son a tiempo parcial (un 3,96%) como los que son a tiempo completo (un 12,17%).
Por último, la tasa de cobertura (correspondiente al mes de enero de 2013) aumenta cuatro décimas respecto a la registrada en el mes anterior, situándose en el 64,46%, aunque ha descendido en más de cuatro puntos y medio si lo comparamos con la registrada en el año anterior. El total de desempleados que no tiene cobertura en nuestro país se alza hasta 1.977.826.
Conclusiones
Cuando acaba de cumplirse un año desde que fuera aprobada la reforma laboral, todos los datos con los que contamos a día de hoy, ya sean referidos al nivel de actividad o al mercado de trabajo, son estremecedores. Si hace unos días conocíamos que la actividad económica (medida a través del PIB) caía en un 1,4% en el conjunto del año 2012, hoy hemos conocido que el número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo superan los 5.040.222 millones, con lo que el número de parados se ha incrementado en más de 328.124 trabajadores en sólo un año, consecuencia, sin ningún género de duda, de la mencionada reforma laboral.
Esta reforma, lejos de cumplir el pretendido objetivo del Gobierno de crear empleo –y continuamente puesto en duda desde este sindicato- se ha mostrado como un elemento que ha fomentado y multiplicado la destrucción de empleo, a lo que habría que añadir otros efectos colaterales de extrema gravedad como que se haya conseguido provocar una mayor desigualdad en el mercado de trabajo y haya aumentado la proporción de trabajadores en condiciones precarias y con menos garantías y derechos laborales, fomentando la inestabilidad en el empleo y reduciendo drásticamente su calidad.
Lamentablemente, pese a que la situación en la que nos encontramos es dramática e insostenible por más tiempo, entre los objetivos del Gobierno sigue sin encontrarse la recuperación de la actividad económica y la centralidad del empleo, tal y como se puso de manifiesto hace unos días con la aprobación del Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
El mayor inconveniente del Real Decreto Ley 4/2013, más allá de la equivocada fórmula de aprobación a través de una figura –el Real Decreto Ley- que está siendo utilizada con total discrecionalidad e impunidad, por la falta de control judicial y parlamentario efectivo sobre las decisiones del poder ejecutivo, y de que no haya contado con el respaldo de los interlocutores sociales, es que se basa en una estrategia de empleo joven sustentada en los principios regresivos incorporados a la reforma laboral aprobada hace un año, teniendo como principal y único objetivo el ajuste de las cuentas públicas y no el impulso de la actividad económica y el empleo, que viene demandando esta organización. Esta iniciativa, nuevamente, vuelve a caer en los mismos errores de las reformas anteriores: precariza el acceso al empleo y las condiciones de trabajo de los trabajadores jóvenes a través de la bonificación de la contratación temporal y no de la indefinida, desvincula el contrato a tiempo parcial de la formación y aprueba otra serie de medidas insuficientes e ineficaces, como la de los estímulos fiscales, como se acredita con las datos de años anteriores.
Se ha perdido con ello, una vez más, una valiosa oportunidad de lanzar un plan de estímulo para la creación empleo, que es una exigencia de las instituciones comunitarias, en el que participen tanto los poderes públicos –en los ámbitos estatal, autonómico y local- como los interlocutores sociales, que busque aquellos yacimientos de empleo en sectores de futuro que nos permitan crecer de forma sostenida y equilibrada en el tiempo, con mayor valor añadido, permitiéndonos encarar la necesaria recuperación económica y poner la bases en las que se asiente la actividad y el mercado de trabajo de nuestro país en el futuro, lo que ya es de estricta y urgente necesidad, evitando tentaciones especulativas de quienes quieran volver a poner su confianza en el sector inmobiliario como salida a la crisis, y para no dejar todas nuestras esperanzas en manos de la evolución de nuestras exportaciones en un mercado internacional sobre el que pueden penden importantes incertidumbres.
Nuestro país debe recuperar, por lo tanto, la centralidad en el empleo, y demandar que éste sea de calidad para evitar caer en errores pasados, sin olvidarse, además, de la protección a los desempleados y a aquellos trabajadores con mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral. En este sentido no podemos olvidar que la tasa de cobertura ha caído más de cuatro puntos y medio en sólo un año, por lo que el riesgo de exclusión social para muchos trabajadores no para de incrementarse.
Pero más allá de esta nueva oportunidad pérdida, la terrible situación económica y social por la que atraviesa nuestro país –y en gran parte de los países europeos- pone de manifiesto la necesidad de un cambio inmediato en la política económica, tanto a nivel español como a nivel comunitario. Un cambio, además, que debe ser consensuado social y políticamente y que debe tener como objetivos básicos la recuperación del crecimiento y del empleo, apoyados en la cohesión y la igualdad social. Es hora de dejar atrás la disciplina fiscal como valor absoluto y la obsesión enfermiza por el déficit “cueste lo que cueste”, que han dejado un reguero de 19 millones de trabajadores sin empleo en la zona euro (y más de 26,2 millones en la Unión Europea) según informó la agencia estadística europea, Eurostat, el pasado viernes. Y es hora de empezar a configurar sin demora una estrategia realista y eficaz, basada en el empleo y en el Estado de Bienestar. Los datos económicos, y datos políticos derivados de recientes procesos electorales en países vecinos son concluyentes. La política del avestruz llevada al día a día del trabajo de la troika europea o de la práctica de los gobiernos, no va a llevarnos a buen puerto ni va a generar dividendos.
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