La justicia paraliza
la privatización de los seis hospitales madrileños otra vez
Hima San Pablo, Ribera Salud y Sanitas tenían ya adjudicada la gestión de
los centros.
Segundo varapalo judicial
al proceso de privatización de la gestión de seis hospitales públicos
madrileños.
El juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 de Madrid ha
paralizado de forma cautelar y para “proteger derechos fundamentales” el cambio
de titularidad que el Gobierno regional de Madrid impulsó en los centros a lo
largo del último año y culminó en agosto pese a tener varios procesos
judiciales abiertos.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
suspendió cautelarmente el mismo proceso en julio tras una denuncia del PSOE y
levantó la suspensión dos semanas después al considerar que el partido no tenía
legitimación para presentarlo por no ser un afectado directo. La denuncia que
ahora ha considerado un nuevo juzgado proviene de la Asociación de Facultativos
Especialistas de Madrid (AFEM), que justificó la petición de una suspensión
cautelar en “la imposibilidad de revertir el cambio de modelo”.
Los hospitales afectados
son Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes),
Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda
del Rey) y el del Tajo (Aranjuez). Un portavoz regional señaló ayer que
estudian interponer un nuevo recurso porque este último fallo procede de un
órgano “inferior jerárquicamente al TSJM”. El juez de lo Contencioso ha
acordado mantener esta medida hasta que se dicte “una sentencia firme que ponga
fin al procedimiento”.
Sanidad culminó el 19 de
agosto el proceso de adjudicación con tres empresas (Ribera Salud, Bupa Sanitas
y el grupo puertorriqueño Hima San Pablo) tras 10 meses de conflicto laboral,
político y social y 22 jornadas de huelga. Se suspendieron 8.000 cirugías y
76.000 consultas, según datos de la Comunidad de Madrid.
Según recoge el auto, del
magistrado Carlos Gómez, la adjudicación “lleva implícita una considerable
dosis de irreversibilidad”. El juez considera que la “magnitud” del servicio
hospitalario supone que las empresas adjudicatarias “en sus legítimas
aspiraciones empresariales” deberán introducir “importantes modificaciones y
cambios estructurales durante la vigencia de la concesión”.
Los contratos tienen una
duración inicial de 10 años, lo que “hace muy difícil, cuando no imposible, la
reversión al sistema público anterior”, admite el magistrado. En los seis
hospitales trabajan un total de 5.200 sanitarios, de los que 2.000 son personal
estatutario fijo (funcionarios) y, de éstos, 560 son médicos, según datos de la
Consejería de Sanidad.
El juez considera que el
proceso de privatización “resulta una incógnita en el momento actual” y acusa a
los responsables de la Administración regional madrileña de asumir “sin más su
incompetencia para gestionarlo [el servicio sanitario de los seis hospitales]
con mayor eficiencia”.
“Es una buenísima
noticia, estamos muy satisfechos porque ha sido precisamente una suspensión por
un recurso por defensa de derechos fundamentales”, declaró ayer Fátima Brañas,
portavoz de AFEM. “La privatización no solo no supondría el ahorro que defendía
la Comunidad [del 20%, según el presidente autonómico, Ignacio González], sino
que además generaría desigualdades en cuanto a la atención sanitaria que
recibirían los madrileños y por tanto una discriminación”, añadió.
Los tres partidos de la
oposición en la región (PSOE, IU y UPyD) festejaron ayer la decisión judicial,
que asume en parte la paralización del proceso que reclamaron todos en el
debate sobre el estado de la región que se celebró ayer en la Asamblea de
Madrid. El fallo “prácticamente hace inviable la privatización este año. Había
poderosas razones para paralizar este proceso”, manifestó el diputado
socialista José Manuel Freire. “El Gobierno regional ya no tiene ninguna excusa
para no paralizar este proceso”, añadió Rubén Bejarano (IU). “Esperamos que la
Comunidad de Madrid renuncie totalmente a un proceso lleno de irregularidades”,
sentenció Enrique Normand (UPyD). Fuente: El Pais
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