El anteproyecto de ley de racionalización de la Administración local que está elaborando el Gobierno (Partido Popular) supondría, de aprobarse definitivamente, una reducción brutal de los servicios sociales que prestan los Ayuntamientos, que pasarían a ser responsabilidad de la Comunidad de Madrid (PP). Este cambio afectaría a los centros de salud municipales, las escuelas infantiles y la mayoría de servicios sociales. El Ejecutivo regional podría mantener en manos de los Ayuntamientos estas competencias, pero sólo si estos aceptan, y pagando en cualquier caso su coste íntegro. Esto último supone un golpe financiero importante para la Comunidad, que deberá integrar (o eliminar) esos servicios en el plazo de un año.
El anteproyecto de ley prevé además la eliminación de todas las empresas municipales que no se sostengan financieramente por sí mismas. Por último, el anteproyecto de ley restringe a funcionarios de carrera los puestos de mando en los Ayuntamientos.
Servicios municipales obligatorios. En materia de urbanismo, el anteproyecto considera una competencia propia la protección del patrimonio, la rehabilitación de viviendas y la promoción y gestión de pisos de protección “con criterios de sostenibilidad financiera”.
En materia de medio ambiente, debe asegurar la conservación de parques públicos; la recogida y gestión de residuos; la lucha contra la contaminación y el ruido; y el abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuradoras.
En cuanto a Movilidad, los Ayuntamientos deben gestionar y mantener las calles y plazas, regular el tráfico y el estacionamiento, y administrar el transporte público.
Se mantienen las competencias de promoción turística, ferias y mercados; salud pública y cementerios; instalaciones deportivas y de tiempo libre; promoción cultural y bibliotecas; policía local y bomberos.
Qué servicios dejan de ser municipales. Aquellos relacionados con Educación, Sanidad y Servicios Sociales, aunque con excepciones.
Deja de ser competencia municipal el mantenimiento y vigilancia de los centros escolares, que deberá asumir la Comunidad sin poder solicitar para ello más dinero al Estado. Los ayuntamientos sólo deberán “participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, y cooperar en la obtención de los solares para nuevos centros docentes”.
Respecto a los servicios sociales, pasa a ser competencia municipal sólo “la evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.
La Comunidad deberá asumir “la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”.
Además de la prestación de servicios sociales y el mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles, el Gobierno regional podría delegar la gestión de centros culturales y deportivos, la promoción turística y la autorización, inspección y sanción de espectáculos públicos. Para ello, debería transferir el dinero correspondiente a los ayuntamientos; en caso de no hacerlo, el Estado se lo detraería de las transferencias presupuestarias.
Las transferencias de competencias no incluirán la propiedad de los inmuebles ni la deuda pesara sobre ellos por la gestión anterior.
Otros servicios, sólo si son rentables. Los Ayuntamientos sólo podrán ejercer otras competencias o actividades económicas con permiso de la Comunidad y el Estado y si garantizan que serán rentables, es decir, que no restarán fondos a sus funciones fundamentales.
Además, siempre que quieran ejercer una función impropia, deberá n tener en cuenta que su actuación no dañe a las empresas privadas que se dedican ya a ello. En el plazo de tres meses desde la aprobación de la ley, los ayuntamientos deberán justificar o dejar de prestar los servicios impropios.
A partir de la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos no podrán crear nuevas empresas, sociedades, organismos, consorcios o fundaciones al menos hasta 2022, ni realizar aportaciones patrimoniales o ampliaciones de capital en las ya existentes. Las que se encuentren en números rojos deberán aprobar un plan de ajuste este año, y equilibrar sus cuentas el que viene. En caso contrario, quedarían disueltas automáticamente en agosto de 2015.
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