La Reforma de las Administraciones Públicas:
Un nuevo recorte de los servicios públicos y el estado
de bienestar
Nada sabemos de la reforma de la Administración Pública que planea ultimar el Gobierno en breve plazo. Nada, pues el Gobierno ha vuelto a ignorar a los trabajadores de las AAPP, despreciando el diálogo y la negociación colectiva. Debería saber el Gobierno que ninguna reforma de calado que se emprenda sin contar con los trabajadores, principales responsables de que nuestras AAPP sean eficientes y eficaces, puede tener éxito. Pero quizás esto sea así porque el Gobierno con esta reforma no esté midiendo a la AAPP en términos de eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos al ciudadano. Quizás, y esto es harto probable, el Gobierno esté pensando en una reforma exclusivamente en términos economicistas, buscando nuevamente en la AAPP los fondos que compromete una y otra vez con Bruselas (con ocasión del rescate bancario) y que espera que vuelvan a salir del recorte de personal y estructuras de la AAPP y del recorte de servicios públicos que reciben los ciudadanos de este país.
Al decir esto alguien podría llamarnos “agoreros” pero si tenemos en cuenta lo planteado en el proyecto de ley de “racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local” (reforma de la AAPP local) que el Gobierno pretende tramitar parlamentariamente de inmediato, quizás nos hayamos quedado cortos en nuestra valoración. Cualquiera, por el título dado al proyecto de ley, podría pensar que en el mismo se contienen medidas económico-financieras que solucionan de forma eficaz y definitiva el problema de financiación de nuestras entidades locales. Nada más lejos de la realidad. Ni una sola medida tiene en cuenta esto que es el principal problema que afrontan en la actualidad las entidades locales. Por el contrario, descubrimos que el proyecto se orienta en la promesa hecha a Bruselas por el Gobierno de ahorrar 9.000 Millones de Euros en los próximos dos años (Documento aprobado el 27 de septiembre en Consejo de Ministros titulado "Estrategia Española de Política Económica: Adelgazamiento de estructuras administrativas”).
Analizando el proyecto de ley vemos clara esta intención de recortar tanto la estructura de la Administración Local como a su personal, del cual no se incluye ni una sola garantía frente a las reestructuraciones y profundos cambios que se enuncian en el texto. Ni una sola medida que tenga en cuenta el mantenimiento y la esencia del servicio público, la cercanía de los servicios públicos a los ciudadanos, la calidad de los servicios, etc. El proyecto de ley es un compendio de medidas definidas en términos de supresión, disolución, traspaso, anulación, pérdida de capacidad jurídica, reestructuración, despidos, etc. La sangría en materia de empleo es más que previsible, a la vista del texto. Es evidente que el grueso del ahorro pretenden obtenerlo de la supresión de personal de las entidades locales. Y por ende del recorte de servicios públicos.
Pero tras estas evidentes intenciones del proyecto de ley se esconden otras menos evidentes. El gobierno del partido popular no apuesta por el estado de las autonomías y ante las dificultades que ofrece un "ajuste territorial" aplicado sobre el nivel autonómico, trata de conseguir este ajuste, interviniendo sobre el eslabón más débil: los Gobiernos locales. Para ello en el proyecto de ley recorta considerablemente la autonomía local orillando incluso los principios recogidos en la Carta Europea de Autonomía Local.
Muestra de esta intencionalidad ideológica del proyecto de ley es también el déficit democrático que plantea. Con la futura ley los ayuntamientos pueden perder competencias, vaciándose de este modo de poder efectivo y convirtiéndose en “instancias decorativas”, en la que los representantes de los ciudadanos (alcalde y concejales) no rinden cuentas ante aquellos que les han elegido, sino que se desvían las responsabilidades a una institución (diputación provincial) a la que los ciudadanos no han votado directamente.
Es hora pues de aunar voluntades para tratar de detener lo que parece que será el “golpe de gracia” al estado de bienestar de nuestro país. Esta vez los afectados somos todos, desde la autonomía local y la ordenación territorial democrática hasta los ciudadanos. Estamos en un momento crucial en que toca defender nuestro futuro y el de nuestro país. No hagamos dejación de nuestra obligación para con lo nuestro. Luchemos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario